El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, intimó este miércoles a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar los servicios mínimos en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), de cara al paro de 48 horas convocado para este jueves en más de 27 aeropuertos de todo el país.
Según el comunicado oficial, la intimación se basa en el artículo 1º de la Ley N° 27.161 y el artículo 24 de la Ley N° 25.877, y establece que la cobertura de los servicios esenciales no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal, de acuerdo con lo incorporado por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvieron que la medida busca “asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional”. La intimación llega después de que tanto ATE como ANAC realizaran presentaciones ante el organismo, en el marco del conflicto que el gremio había anunciado el lunes.
La medida de fuerza, que incluye paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas diarias —de 9 a 12 y de 18 a 21—, apunta a los principales nodos del sistema aéreo, entre ellos Ezeiza y Aeroparque. Durante esos horarios solo quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, había advertido: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.
El sindicato reclama el pago de adicionales salariales pactados en paritarias desde enero, la reapertura de la negociación sectorial y el financiamiento de las áreas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización aeroportuaria.
Qué pasa si los gremios no cumplen con el mínimo del servicio
La intimación oficial no menciona explícitamente sanciones, aunque el incumplimiento del esquema de servicios mínimos en un servicio declarado esencial puede habilitar al Gobierno a disponer medidas adicionales.
El conflicto se da en un contexto de tensión salarial más amplio: según el gremio estatal, el poder adquisitivo de sus trabajadores acumula una caída superior al 40% desde el inicio de la administración de Javier Milei.
