Adiuc lleva la protesta hasta el viernes, tras dos paritarias fracasadas. El reclamo es simple: que el Gobierno cumpla una ley que ya está vigente.

Las aulas de la UNC vuelven a quedar vacías. Desde este lunes y hasta el 2 de octubre, los docentes e investigadores agrupados en Adiuc están de paro.

Piden que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario. Eso implica recomponer salarios y también garantizar presupuesto para el funcionamiento de las casas de estudio, las becas y la investigación. Todo eso viene perdiendo terreno desde diciembre de 2023.

Dos paritarias, cero respuestas

El gremio llegó a la medida después de dos paritarias frustradas. En ambas, el Gobierno de Milei ofreció un 3%. Adiuc remarca que esa cifra desconoce una cautelar vigente que obliga a un aumento cercano al 34%.

Es decir: hay una ley, hay una orden judicial y hay una oferta que las ignora a las dos. En el comunicado con el que anunciaron el paro, los docentes lo resumieron así: los invade «un profundo hartazgo».

Una decisión que salió de las bases

Adiuc aclaró que el paro no bajó de una cúpula. Se apoya en los resultados de la consulta nacional docente y en las discusiones de las asambleas por facultad.

De esas instancias salió una moción más dura: paro por tiempo indeterminado. Adiuc la llevó al plenario de Conadu, junto con otras organizaciones de base. Allí la mayoría de los gremios se inclinó por un paro de 72 horas. Adiuc decidió extender la medida hasta el 2 de octubre, en sintonía con COAD, el sindicato docente de la Universidad Nacional de Rosario.

El gremio insiste, además, en que sigue apostando a la unidad de acción con el resto de los sindicatos universitarios.

Lo que viene

El plan de lucha nacional no termina con esta semana. Incluye acciones para visibilizar el conflicto y la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre.

Cinco marchas. Esa es la vara de cuánto tiempo lleva el sector reclamando lo mismo. Y cuando una comunidad universitaria tiene que salir a la calle una y otra vez para que se cumpla una ley, la pregunta ya no es cuánto dura el paro. La pregunta es cuánto más está dispuesto el Gobierno a sostener el ajuste sobre la universidad pública.

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