Nuestros chicos y chicas nos necesitan siempre, pero especialmente cuando atraviesan situaciones difíciles. Entrar en conflicto con la ley penal no puede significar quedarse solos.
Detrás de cada expediente hay una historia, una familia y, muchas veces, situaciones dramáticas -tanto para las víctimas como los victimarios- que necesitan una respuesta del Estado. Una respuesta que establezca límites, pero que también sea capaz de mirar a cada adolescente y preguntarse qué necesita para construir un camino diferente.
Un delito, así como su víctima, exige una respuesta y el adolescente tiene que comprender que sus actos tienen consecuencias. Debemos decirlo con claridad: el delito es delito. Pero hablar de responsabilidad penal juvenil no es solamente discutir edades o penas, tiene que llevarnos a pensar qué hacemos antes y después, cómo acompañamos y contenemos a un chico que infringió la ley o dañó a alguien, cómo trabajamos con su entorno y qué herramientas le ofrecemos para que pueda comprender las consecuencias de sus actos y tener una oportunidad real de cambio. Responsabilizar y cuidar no tienen por qué ser conceptos opuestos.
El nuevo régimen penal juvenil amplía las respuestas que pueden darse frente a un adolescente que cometió un delito. Prevé medidas de restricción de la libertad, pero también alternativas como la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y el acompañamiento territorial. Cada situación requiere una evaluación particular y una respuesta acorde a su complejidad.
Gracias a la decisión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Ciudad cuenta con las herramientas para llevar adelante ese trabajo de forma integral. El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene equipos y dispositivos especializados para acompañar a quienes ingresan al sistema penal juvenil: personas comprometidas con acompañar desde la responsabilidad y el profesionalismo, pero también desde la esperanza de que puedan aprender de lo vivido y construir otro futuro.
Según la situación de cada chico, contamos con distintas alternativas: un Centro de Admisión y Derivación, en el que se los recibe y evalúa cuando son puestos a disposición de la Justicia; centros cerrados para los casos que requieren privación de la libertad; y también alternativas, como residencias y programas de acompañamiento, para trabajar con los chicos en su propio entorno.
Uno de ellos es el Programa de Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito Socio-comunitario (PAIAS). Por intermedio de equipos técnicos, acompañamos a los adolescentes en su centro de vida, mientras cumplen una medida penal en contexto de libertad. Actualmente, el PAIAS trabaja con 110 chicos y chicas, y gracias a ese abordaje, podemos trabajar con el adolescente y conocer su contexto familiar y social.
Una sanción, por sí sola, no alcanza para cambiar un camino de vida: hace falta presencia, seguimiento y adultos que puedan sostener ese recorrido. Y para que ese acompañamiento sea posible, cada parte del Estado debe cumplir su rol. La Justicia determina qué medida corresponde aplicar y bajo qué condiciones; desde el Consejo tenemos la responsabilidad de ejecutarla y acompañar al adolescente durante su cumplimiento.
Aun cuando la Justicia determina que no corresponde una medida penal o desestima la cuestión punitiva, hay que seguir mirando al adolescente y a sus necesidades. Si se advierte que sus derechos están siendo vulnerados o que necesita acompañamiento, la Justicia puede dar intervención al Consejo para que actuemos desde nuestro rol de protección. Nuestra responsabilidad es abordar la situación de ese chico de manera integral y poner en marcha las medidas necesarias para proteger sus derechos.
No es casual que el sistema de responsabilidad penal juvenil funcione dentro de un organismo de protección de derechos: una medida penal también puede ser una oportunidad para intervenir a tiempo y empezar a construir otras posibilidades. No hay que elegir entre cuidar y responsabilizar, porque poner límites es un elemento central del cuidado.
El Estado tiene que estar presente siempre, y más cuando un chico o una chica infringe la ley: con reglas claras, con equipos profesionales, con herramientas. Tenemos que poder mirar a esos adolescentes más allá del hecho que cometieron, para evitar que ese hecho termine definiendo todo lo que pueden llegar a ser.
Porque la peor respuesta que podemos darle a un adolescente que necesita una intervención del Estado es dejarlo librado a su suerte.
