La Corte Suprema de Justicia analiza un segundo caso sobre la derogación de la Ley de Tierras, impulsado por organizaciones ambientalistas, comunidades mapuches y referentes políticos, que reclaman una medida cautelar pendiente desde agosto de 2024.

Tras fallar de modo favorable al Gobierno Nacional y desestimar la denuncia de CECIM por la extranjerización de tierras rurales argentinas, la Corte Suprema de Justicia se encontraría analizando otro expediente contra la reforma libertaria.

Se trata de un caso impulsado por la Asociación Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Fvta Anekon, la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda y un grupo de vecinos.

Este reclamo no es nuevo: se encontraba en trámite al mismo tiempo que el impulsado por CECIM. Los jueces omitieron este hecho en su resolución contra el Centro de Ex Combatientes.

Ante el gran rechazo que generó el fallo judicial que habilita la quita de límites en la venta de tierras rurales argentinas a extranjeros, la Corte decidió que éste era momento de activar avances en relación a ese otro reclamo; sin embargo, el pasado martes anunció que debía sortear dos conjueces por falta de acuerdo entre sus integrantes. Los designados fueron el camarista de Casación Diego Barroetaveña y el camarista de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci.

La Corte ignora una cautelar desde hace más de dos años

Ante el repudio, la Corte se apuró en anunciar que su fallo no impedía la presentación de nuevas medidas cautelares contra la modificación a la Ley de Tierras. Los magistrados expresaron que su decisión solo era procesal y en relación específicamente a lo que consideraban «falta de legitimidad» de CECIM para llevar adelante el reclamo en defensa de la soberanía argentina.

En esa línea, aclararon que “nada impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar (…) [la Corte] se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como Ley de Tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”.

La declaración de la Corte despertó indignación entre Árbol de Pie, los representantes mapuches, Odarda y compañía, quienes alertaron que tienen un pedido de medida cautelar en la Corte sin resolver desde agosto de 2024.

Luego de las aclaraciones de la corte respecto a las cautelares, los demandantes presentaron un texto a los jueces supremos, exigiendo que clarifiquen si el fallo en rechazo a CECIM alcanza también su petición o no.

Agregaron que, en caso de no ser alcanzados por la decisión, se asegure la inscripción de su reclamo en el Registro Público de Acciones Colectivas y que la Corte resuelva “la medida cautelar oportunamente solicitada”. A partir del reciente reclamo, el caso fue girado a la secretaría 4 del máximo tribunal.

En este contexto la Corte anunció la convocatoria a conjueces para “un nuevo debate” al “no lograr unanimidad de criterios” a raíz de la presentación de “una organización ambiental” que “se presentó la semana pasada con una solicitud de aclaratoria”, refiriéndose al reclamo como si fuese cosa reciente en lugar de una acción iniciada en agosto de 2024, sin respuesta desde entonces.

El máximo tribunal aclaró que el rechazo de CECIM no afecta a la medida presentada por ambientalistas y mapuches, que procederían a considerar. Al ser tres jueces, alcanza con el disenso de uno para convocar conjueces, que se eligen entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.

El reclamo de las organizaciones ambientales, mapuches y demás actores es similar al de CECIM en cuanto invoca la defensa de la soberanía territorial, pero es a su vez más amplio: también incluye aspectos vinculados a la protección del ambiente, la biodiversidad y los derechos de pueblos originarios sobre la habitación y uso de sus tierras ancestrales y comunitarias. La presentación enfatiza el impacto negativo que tendrías las modificaciones a la Ley de Tierras sobre estos ejes.

La judicialización del reclamo comenzó el 28 de diciembre de 2023, apenas publicado el DNU. La presentación primero ingresó a los tribunales de Bariloche. Desde allí el juez Gustavo Villanueva mandó la causa a La Plata, donde tramitaba la acción colectiva del CECIM. La Sala III de la Cámara Federal platense declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras en el caso de los excombatientes y remitió el de Árbol de Pie a la Corte con el argumento de que era una “pretensión análoga y de conformidad con las reglas que gobiernan los procesos colectivos” y dado que ya habían emitido una “sentencia de fondo”.

Ahora la Corte puede: o bien acusar de ilegítimos a los actores del reclamo, como en el caso de CECIM; o bien reconocer su validez y darle trámite a la causa. En este último caso, el amparo puede volver a las instancias previas, a Río Negro o La Plata (según donde consideren que debe tramitar el proceso colectivo), considerando que no hubo un pronunciamiento concreto. Otra opción posible es que los jueces de la Corte tomen una medida excepcional y dicten directamente una cautelar que suspenda la derogación de la Ley y luego resuelvan la cuestión de fondo.

Los conjueces fueron definidos en una audiencia virtual a las 16.30 hs del pasado martes, mediante un sorteo con bolillero realizado desde el Palacio de Tribunales. Fueron testigos remotos 16 amparistas y dos abogados. No asistió nadie por el Estado Nacional. Las bolillas que cayeron fueron las de Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (ambos de perfiles conservadores). Como suplentes quedaron Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal de Comodoro Py, y Jorge Morán, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

En diálogo con Página/12, Odarda adelantó que los amparistas reclamarán que la Corte Suprema trate el caso en una audiencia pública, con el mecanismo previsto en la acordada 30/2007 para casos con trascendencia institucional; que se abra el registro de “amicus curieae” (amigos del tribunal); y que analizan la recusación de los jueces por vulnerar la paridad de género en la integración del tribunal y respecto de nuevos requisitos para la designación de supremos, así como por una posible animosidad contra los pueblos originarios.

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