El sector de discapacidad continúa en estado de alerta. El Presupuesto 2027, que fue presentado el pasado martes, impulsa la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia 27.793, la misma iniciativa que la oposición busca prorrogar, así como también cambios de fondo en el sistema de prestaciones. Ante el continuo ajuste que azota al sector, distintas figuras de la esfera política criticaron las medidas del Gobierno nacional. Desde Córdoba, la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, calificó la acción como "un nuevo acto de crueldad sobre las personas que mas necesitan". En diálogo con Fuerte y Claro de Canal 10, Montero apuntó a Javier Milei por las modificaciones a la Ley: "Quienes estamos en la gestión pública sabemos que ningún presupuesto llega al órgano legislativo sin la firma del presidente, a no ser que el presidente firme algo que no haya leído. La verdad que esto me parece que hay que descartar esta hipótesis y buscar culpables afuera, cuando el responsable de haber ingresado estos artículos al presupuesto es el mismísimo presidente de la nación, que una vez más reafirma una postura histórica que tiene que ver con que a la discapacidad que se la arregle como pueda. La discapacidad al gobierno nacional no le importa, no solamente que no le importa, sino que si le puede meter una pata encima se la va a meter", afirmó. Entre las modificaciones planteadas se encuentra la desregulación del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que llevará a que los prestadores tengan que negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga y cada obra social. Montero explicó la gravedad de esta medida: "Hoy todas las prestaciones tienen el mismo valor, por lo tanto todas las personas con discapacidad tienen acceso a las mismas coberturas en igualdad de condiciones. Al eliminar este arancel único, lo que el gobierno dice es ‘que se lo arreglen como puedan’. Entonces, si vos en este bendito país tenés plata para pagar una prepaga costosa, es probable que tengas la cobertura que necesitas. Ahora, si a lo mejor sos de una obra social, sindical, más pequeña y demás, olvídate porque el prestador no va a trabajar a pérdida", explicó Montero. El proyecto del Presupuesto propone, además, cambios en la forma en que se actualizan los aranceles de dichas prestaciones. "Hoy hay un mecanismo fijado que tiene que ver con la movilidad y que tiene que ver con una revisión anual. El Gobierno lo que dice es: ‘no, acá lo que paga Nación, porque ya le dejó liberado al resto de los que tienen cobertura en discapacidad, se va a revisar cada tres meses, a cuenta y orden de quien esté sentado en el sillón’", explicó la secretaria. Por otra parte, en su artículo 41, la iniciativa elimina el articulo 8 de la Ley de Emergencia, que es el que garantiza la cobertura de salud a los titulares de pensiones no contributivas por Discapacidad. Liliana Montero aseguró que la medida representa un atraso al volver al concepto de las pensiones por invalidez: "La única pensión no contributiva es si vos tenés una pensión por invalidez. Se desanda el camino de que si vos tenías un certificado único de discapacidad, podías acceder a la pensión no contributiva para discapacidad con protección social, eso se elimina", sostuvo. Además, a través del artículo 37 del Presupuesto, se elimina la compatibilidad de la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo que aporte ingresos de hasta dos salarios mínimos. Liliana Montero aseveró que la modificación presenta un "problema gravísimo", teniendo en cuenta la dificultad de las personas con discapacidad para acceder a un empleo formal. Por si fuera poco, la secretaria apuntó contra la nula capacidad de comunicación del Gobierno, que no informó previamente al sector de Salud de las modificaciones que se iban a incluir en el Presupuesto. "El lunes concurrimos con el Ministro de Salud a la mesa federal (de Discapacidad) donde estaban todos los ministros de las provincias y estaba el Ministro Lugones. Por más de cinco o seis horas se discutió la aplicación de la Ley de Emergencia, las deudas que Nación mantenía con los prestadores, con las provincias, etc. Uno siente que va a tratar de sentarse a una mesa de diálogo, a tratar de acordar política pública, y lo que terminás comprobando es que nos toman el pelo, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a las provincias que venimos sentándonos con buena voluntad a ver si algo podemos trabajar en conjunto".