Este martes se abrieron los sobres con las ofertas técnicas de las empresas interesadas en la privatización del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como resultado, se dieron a conocer los dos consorcios que presentaron propuestas técnicas para quedarse con AySA, la empresa estatal que sirve 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La plataforma oficial CONTRAT.AR publicó hoy a las 10 de la mañana la lista de las dos únicas propuestas confirmadas para la licitación que busca vender el 90% del paquete accionario de la compañía, de un total de 17 constructores que participaron del proceso.
Se trata del consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor y una cuarta firma identificada como PHX, y del grupo liderado por Roggio ROAS S.A.U., vehículo del Grupo Roggio, que se presentó junto a otras cuatro sociedades.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a través de su cuenta de X que el Ministerio de Economía realizó este martes el acto de apertura de las ofertas técnicas: “Avanza la privatización de AySA. El nuevo operador tendrá obligaciones de inversión por más de USD 2.000 millones en los primeros 5 años”, escribió el funcionario. “Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato”, a la vez que remarcó que el esquema implicará “más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”.
Quiénes integran el primer consorcio
La primera propuesta quedó registrada bajo la razón social Rowing S.A., la empresa de ingeniería fundada por Walter Román, que en los últimos meses avanzó en conversaciones con el empresario Mauricio Filiberti para estructurar una oferta conjunta. Filiberti es dueño de Transclor, proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009, y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.
Arcos, otra de las integrantes, es una constructora con sede en Tucumán, fundada en 1976, dedicada a obras civiles, infraestructura, gasoductos y proyectos de agua y saneamiento en el norte del país. La cuarta firma del consorcio es PHX. Su participación aparece registrada en CONTRAT.AR, aunque todavía resta determinar con precisión qué compañía se encuentra detrás de esa denominación y cuál es su rol dentro de la propuesta.
El otro oferente, con el Grupo Roggio a la cabeza
El segundo consorcio lleva la firma de Roggio ROAS S.A.U., vehículo del Grupo Roggio, que opera actualmente Aguas Cordobesas y es uno de los jugadores locales con mayor trayectoria específica en la operación de agua y saneamiento. Según pudo confirmar Infobae, la propuesta está integrada además por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
Entre ellas aparece Aguas del Plata Participaciones S.A.U., una sociedad constituida recientemente por el grupo como vehículo de inversión para su estrategia en el negocio hídrico. Benito Roggio e Hijos es la compañía histórica del grupo empresario, mientras que Roggio ROAS encabeza formalmente la propuesta presentada en CONTRAT.AR.
El Grupo Roggio también controla el subte porteño a través de Emova y el ramal Urquiza de trenes mediante Metrovías. En los meses previos a la apertura de sobres, además, había mantenido conversaciones con distintos operadores internacionales para cumplir con el requisito de experiencia comprobada que exige el pliego.
Los requisitos que debieron acreditar los oferentes
El Pliego Único de Bases y Condiciones exige a los participantes acreditar al menos cinco años de experiencia, dentro de los últimos diez, en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de un mínimo de 1.500.000 habitantes y 500.000 usuarios servidos. También requiere un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones, monto que se eleva a USD 1.000 millones en activos bajo gestión para fondos de capital privado o consorcios.
La apertura de este martes corresponde apenas a la primera de varias etapas previstas en el pliego. Es por eso que hoy no se conoce ni el precio que pagará ni el nombre del futuro operador, sino que la Comisión de Evaluación analiza si las ofertas cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos. Solo los oferentes que superen ese filtro pasarán a la segunda etapa, en la que se abrirán las ofertas económicas y se definirá el ganador según el criterio de mayor precio ofertado en dólares.
El proceso continúa, además, en medio de una disputa judicial. Una medida cautelar de la Justicia bonaerense, ratificada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, obliga a AySA a no modificar ni reducir sus obligaciones vinculadas al acceso al agua potable mientras continúe el litigio de fondo. El Gobierno sostiene que esa resolución no ordena expresamente cancelar la licitación y que, mientras no se concrete el traspaso efectivo de la empresa, no habría incumplimiento de la orden judicial.
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