La postal del Presupuesto 2027 presentado esta semana por el gobierno nacional deja en claro que las principales partidas destinadas a la protección ambiental están lejos de las prioridades de cara al año electoral.
En el marco del desfinanciamiento generalizado a las políticas agropecuarias, el proyecto profundiza la sangría de recursos para la protección de los bosques y el manejo del fuego, vuelve a ir en contra de los pisos dispuestos por ley y reserva magros fondos para las partidas destinadas a paliar las emergencias agropecuarias.
El gobierno de Javier Milei llegará al final de su mandato con apenas un tercio del presupuesto destinado al área agropecuaria. Y como no podía ser de otro modo, una vez más va a contradecir lo dispuesto por la propia Ley de Bosques, que fija pisos mínimos para financiar su aplicación, pero desoírla se ha convertido en un clásico.
El artículo 31 de la Ley 26.331 establece que el fondo destinado a compensar a las provincias y propietarios de campos que conservan bosques nativos en su territorio estará compuesto, como mínimo, por partidas anuales no inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones agropecuarias y forestales del año anterior, además de otros recursos derivados de préstamos, subsidios o donaciones.
Tomando el gasto total que fija el Presupuesto 2027, que será de 202 billones de pesos, si únicamente se toma en cuenta el componente del 0,3%, el fondo debería tener al menos 606.304 millones de pesos. Un anhelo muy lejano a los 24.668 millones que efectivamente recibirá, apenas el 4% de ese piso y sin tener en cuenta siquiera lo que corresponde por retenciones.
En 2018, se había establecido que todos los recursos destinados a cumplir con la ley sectorial debían concentrarse en el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), uno de los tantos disueltos por el gobierno nacional en los últimos dos años.
Lo que sigue existiendo es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, que es a donde se asignan los recursos del Presupuesto 2027.
Un análisis de las partidas anteriores tiene un punto saliente: los recursos del año próximo, aunque son menos del 5% del piso legal fijado por ley, representan una mejora frente al actual. En comparación con el 2026, el fondo recibirá un 29,2% más de recursos en términos reales, pero sigue un 62% por debajo de lo ejecutado al inicio del gobierno de Javier Milei.
A esa partida se suma la del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, que incorpora unos 3.654 millones de pesos extra. En total, ambas completan un presupuesto de 28.322 millones, al menos 500.000 millones por debajo de lo que fija la ley.
La tendencia, finalmente, replica lo que ocurre en todo el área de Agricultura: los fondos destinados a la protección de bosques cerrarán el 2027 apenas con un tercio del poder de compra que tenían 4 años antes.
El proyecto de Presupuesto 2027 también asigna recursos para que la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dentro del ministerio de Seguridad, sostenga el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Para el año próximo, la partida será de 38.815 millones de pesos, lo que significa una caída del 32,1% en términos reales respecto al presupuesto vigente en 2026.
Cabe señalar que este año, los recursos eran inicialmente de poco más de 20.000 millones de pesos, que luego se actualizaron a poco más del doble fruto de las emergencias desatadas en la Patagonia y el centro del país.
No obstante, en 2027 los recursos para el manejo del fuego serán, incluso, nominalmente más bajos que los actuales, a lo que habrá que sumarle la depreciación que provoca la inflación.
Disuelto también el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, la AFE es la que administra los recursos para aplicar la Ley de Manejo del Fuego (26.815). Al respecto, de cara al año próximo aseguraron que el objetivo será cumplir con 3.600 horas de vuelo para prevención y lucha contra incendios, equipar a 14 brigadas, capacitar a 1.950 agentes y establecer unos 1.950 informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios.
Con menor presupuesto, al menos en el comienzo, y con la promesa de introducir cambios en la ley que rige al sector.
El del servicio nacional, sin embargo, no es el único que administra fondos para hacer frente a los incendios y administrar las acciones preventivas. La Administración de Parques Nacionales, por su parte, cuenta con su propia partida, que en 2027 sí representa una mejora.
Frente a su presupuesto vigente de 2026, habrá una mejora del 22% en los recursos para el manejo del fuego que tiene la administración. El año próximo, el proyecto oficialista contempla 10.030 millones de pesos para esa partida, que es apenas un cuarto de la del servicio nacional.
Entre las responsabilidades que fija para el ministerio de Seguridad, el Presupuesto 2027 señala que debe “fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios mediante financiamiento, modernización administrativa y protocolos de actuación conjunta”. Pero no es precisamente lo que se proyecta para ese sector.
El año próximo, ese sistema nacional recibirá 150.725 millones de pesos y tendrá como meta asistir a más de 1000 instituciones en todo el país. Sin embargo, un repaso por los datos que consigna el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) indica que, frente al presupuesto vigente, representa una caída del 3,5% real.
Es de recordar que los recursos destinados a los bomberos voluntarios provienen de una prima específica que se cobra a las empresas aseguradoras y obligatoriamente deben ser distribuidos en partidas anuales para ese servicio. Sin embargo, desde el sector reclaman que el gobierno nacional tiene una parte considerable de los fondos congelados.
Para los productores que deben recomponer sus campos después de una inundación, una sequía o un incendio, el panorama presupuestario tampoco ofrece demasiado alivio.
El proyecto asigna 9.644 millones de pesos al programa de Políticas para la Gestión del Riesgo Agropecuario, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. De ese total, 4.707 millones corresponden a “Apoyo a la Emergencia” y otros 4.937 millones al Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, establecido por la Ley 26.509.
Para establecer comparaciones cabe detenerse en un detalle: el presupuesto inicial de ese programa para 2026 era de 15.022 millones de pesos, pero durante el año se redujo más de la mitad. Por eso, lo previsto para 2027 representa una mejora real del 5,3% frente al crédito vigente, pero queda un 46,7% por debajo de lo que se había asignado al comenzar este año.
