La comisión electoral rusa cerró la votación a la Duma con una participación oficial del 59,32 %, la más alta desde 2007 y varios puntos por encima del 51,72% de 2021. El resultado le dio a Rusia Unida, el partido de Vladimir Putin, 355 de las 450 bancas —su mayor mayoría histórica—, y el Kremlin presentó la alta participación como prueba de respaldo popular. Pero el rastreo hecho por medios y analistas independientes rusos durante los tres días de votación cuenta una historia distinta: la suba no refleja más entusiasmo genuino, sino que el aparato estatal fue más eficaz este año en cumplir una meta interna de movilización, con métodos que van desde la ampliación del voto electrónico hasta la coacción directa a empleados públicos.
Una meta, no una expectativa
Al igual que con el resultado de Rusia Unida, para la participación también hubo una meta bajada desde arriba. Según reveló el medio independiente ruso Meduza con fuentes en administraciones regionales, para esta elección la consigna que circulaba puertas adentro sobre participación no era alcanzar un número fijo, sino superar el umbral simbólico del 50% por el mayor margen posible: “más de 50, cuanto más gordo mejor” (‘50 с плюсом пожирнее’), en la fórmula que citan las propias fuentes del Kremlin consultadas por el medio.
Bajo esa premisa, el dato de participación es más una orden de trabajo para el aparato estatal que un termómetro del entusiasmo o compromiso de la sociedad.
La coerción, documentada caso por caso
Meduza recogió episodios concretos de la jornada que muestran cómo se llega a ese número. En Yakutsk, las autoridades escolares obligaron a los maestros a reportar no solo su propia participación electoral sino también la de los padres de sus alumnos: los tutores de curso debían informar cada dos horas a sus superiores quién de las familias a su cargo ya había votado. En la región de Altái, el Partido Comunista denunció que la administración regional presionó a empleados del sector público para que votaran “bajo amenaza de despido”, y que en algunos casos les entregaron listas con nombres concretos de personas cuyo voto debía verificarse.
Este tipo de presión no es improvisada: forma parte de un mecanismo que empresas y reparticiones públicas rusas vienen aplicando en las últimas elecciones, con empleados designados como “capataces de movilización”, cada uno responsable de garantizar que voten entre diez y varias decenas de sus propios compañeros de trabajo. Los casos de Yakutsk y Altái mostraron esa estructura funcionando en tiempo real durante la jornada.
El voto electrónico, más grande que nunca
El otro factor que explica el salto es técnico: el voto electrónico remoto (DEG) se usó este año en 33 regiones, frente a solo 7 en la elección de 2021, según datos de la propia comisión electoral. Es el mismo sistema que, según reconstruyeron medios independientes rusos, las autoridades ya habían usado en elecciones anteriores para inflar resultados, porque a diferencia de una boleta en papel no permite un recuento físico que un observador pueda verificar de forma independiente. Ampliar el DEG a más del cuádruple de regiones no solo facilita votar —el argumento oficial— sino que también amplía la porción del padrón que queda fuera del alcance de cualquier control externo.
Además, el canal de votación menos auditable del sistema creció justo cuando desapareció el organismo mejor preparado para auditarlo: Golos, el principal organismo independiente de monitoreo electoral de Rusia, se disolvió en julio de 2025 después de que su copresidente, Grigory Melkonyants, fuera condenado a cinco años de prisión.
Ciberataques y observadores bajo presión
Por otro lado, la propia jefa de la comisión electoral, Ela Pamfílova reconoció que la infraestructura electoral sufrió más de 3.000 oleadas de ciberataques entre el 18 y el 20 de septiembre, un salto del 8.300% respecto de 2024, cuando se habían registrado 1,2 millones de intentos. Según un miembro de la comisión, los hackers apuntaron tanto al sistema de voto electrónico como al padrón digital.
Pamfílova agregó que el representante de “uno de los partidos establecidos” de Rusia intentó introducir software malicioso directamente en el sistema de voto electrónico. Pamfílova no precisó de qué partido se trataba ni con qué intención concreta se hizo el intento, dejando abierta la pregunta de si fue un intento de fraude a favor de una fuerza política o un intento de exponer fallas del propio sistema.
Quienes sí pudieron ejercer cierto control encontraron el camino cuesta arriba: según Meduza, observadores electorales fueron impedidos de ingresar a centros de votación, apartados de su función, y en algunos casos les ofrecieron vodka o sobornos en intentos de provocarlos, además de episodios de detención. La plataforma de monitoreo ciudadano “Elecciones 2026 — ¡Observemos juntos!” había registrado más de 900 denuncias ante las comisiones electorales hacia las 20:00 del domingo.
Por qué importa el número
La participación no es un dato neutral en el diseño de esta elección. El interés del Kremlin este año no fue simplemente que la gente vote, sino controlar quién vota: maximizar la participación de sectores dependientes del Estado (empleados públicos, jubilados, personal de empresas estatales) que responden con más facilidad a la presión administrativa, mientras la sociedad más crítica —desmovilizada por la represión y la falta de alternativas, con la exclusión del partido antiguerra Yábloko como caso más emblemático— no encontró motivos para acercarse a las urnas por su cuenta.
El resultado es una cifra que, leída en el contexto de cómo se construyó, más que entusiasmo con el gobierno, mide la capacidad del propio aparato estatal para cumplir, una vez más, con la meta que le bajaron desde Moscú.
