Laura Beatriz De Marinis quedó en el centro de la polémica después de declarar inconstitucional, para un caso concreto, el artículo 1 de la nueva Ley 27.801 y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado en una causa por tentativa de robo.
La magistrada es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión generó cuestionamientos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció que impulsará su juicio político.
Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político.
— Jorge Macri (@jorgemacri) September 21, 2026
La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito.
No voy a pedir perdón… https://t.co/qTqzIcoVh9
De Marinis comenzó su carrera en el Poder Judicial porteño en 2006, antes de recibirse como abogada en la Universidad de Buenos Aires en 2011. Durante su trayectoria ocupó distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Desde 2017 se desempeñó como prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil. Además, se especializó en Problemáticas Sociales Infanto Juveniles en la UBA.
En 2023 participó del concurso para cubrir cargos en el fuero penal juvenil porteño y quedó tercera en el orden de mérito. Finalmente, el 19 de diciembre de ese año juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
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La nueva Ley 27.801 fue publicada en marzo de 2026 y comenzó a regir el 5 de septiembre, estableciendo un régimen penal para adolescentes desde los 14 años.
El caso que motivó el fallo de De Marinis comenzó por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un adolescente de 14 años fue imputado junto a otros jóvenes por una tentativa de robo. La jueza hizo lugar a un planteo de la defensa y lo sobreseyó.
Entre sus fundamentos, sostuvo que aplicar la nueva normativa en ese caso implicaba una respuesta estatal regresiva frente al régimen anterior. “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, solo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso”, expresó en el fallo.
También planteó que el Estado debe responder con herramientas de educación, contención y salud frente a trayectorias atravesadas por vulneraciones de derechos.
La decisión fue cuestionada públicamente por Jorge Macri, quien anunció que pedirá el juicio político de la magistrada y que el fallo será apelado.
