El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a recuperar unos 112 millones de euros en facturas de electricidad impagadas de las empresas privadas encargadas antaño de gestionar la M-30. Tal y como informa una investigación de El Mundo, durante una década, el consistorio exigió a estos socios que pagaran los costes eléctricos de la carretera, pero se negaron en todo momento, según apunta el medio. Ahora que el corredor es público, esa reclamación ha sido retirada. Y todo apunta a que es poco probable que el dinero llegue a recuperarse jamás.
Gestión pública de la M-30. El Ayuntamiento anunció el 31 de diciembre de 2025 que convertir Calle 30 en una empresa 100 % pública ahorraría a los madrileños “más de 1.000 millones de euros” a lo largo de 15 años. Sin embargo, tal y como desvela una investigación de El Mundo, en la misma transición, el consistorio renunció a una reclamación que llevaba viva desde 2017. Y pinta feo que se vaya a recuperar, ya que los socios privados se les ha pagado por sus acciones y han abandonado la compañía.
Cifras. Calle 30 fue una sociedad mixta durante dos décadas, participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por Emesa, un consorcio de tres empresas liderado por Serveo. Según apunta la investigación, para hacerse con ese 20 %, el consistorio pagó 103,9 millones de euros. Pero el gasto en concepto de electricidad no formaba parte de ese precio.
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Según El Mundo, la cantidad reclamada comenzó en unos 54 millones de euros y creció cada año hasta alcanzar aproximadamente 112 millones de euros en las últimas cuentas. Emesa se negó a pagar en cada ocasión. Tal y como apunta el medio, las reclamaciones continuaron bajo el mandato de Manuela Carmena, que asumió la alcaldía en 2015, y bajo el de José Luis Martínez-Almeida, que tomó posesión en 2019. El consejero delegado de Calle 30, Javier Ramírez, seguía pidiendo el pago en 2025, señala el periódico.
Cómo empezó la deuda. Viene de lejos, y concretamente habría que remontarse a la licitación de 2005 que introdujo a Emesa en Calle 30. El Mundo informa de que los pliegos de la licitación se contradecían entre sí. El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) decía que el socio privado tenía que pagar la electricidad, mientras que el pliego de prescripciones técnicas (PPT) decía que lo haría Calle 30. En la práctica, la sociedad mixta pagó las facturas desde el principio, no Emesa.
La versión del Ayuntamiento. Consultado por El Mundo, el consistorio afirma que solo siguió reclamando el dinero por “cautela jurídica”, para interrumpir la prescripción. También sostiene que una resolución vinculante en 2005 ya había determinado que Emesa no pagaría. El Ayuntamiento señala además que dicha resolución apuntaba al modelo financiero del proyecto, una hoja de cálculo que detallaba todos los costes.
El Mundo señala que los pliegos de licitación establecen que las cláusulas administrativas prevalecen en caso de contradicción, así que esas cláusulas atribuyen la electricidad al socio privado.
Entre líneas. Quedan dos preguntas abiertas. La primera es por qué el Ayuntamiento persiguió el dinero durante tanto tiempo si creía que el socio nunca se lo debía. El consistorio no ha explicado esto, según El Mundo. La segunda es por qué nadie actuó antes. Y es que la Cámara de Cuentas señalaba la irregularidad en 2016, 11 años después de que comenzara el contrato, según apunta el medio. No dijo que Emesa tuviera que pagar, solo que debía aclararse quién lo hacía.
El periódico añade que en 2017 los asesores jurídicos del área de movilidad del Ayuntamiento, encabezados por el secretario José María Vicent, dejaron por escrito que Emesa debía pagar y que el caso debía llevarse a los tribunales. La Intervención Municipal habría estado de acuerdo. Sin embargo, no hubo ninguna demanda, y el Ayuntamiento dice ahora que el gobierno de Carmena nunca inició los trámites adecuados. Así que al final volvemos a lo de tirar balones a otro tejado.
Relación tóxica. Lo del rifirrafe entre el Ayuntamiento y Emesa viene de hace ya tiempo pues, según El Mundo, Emesa demandó a Calle 30 en varias ocasiones para reclamar más dinero. La compra de participaciones también fue presuntamente conflictiva, ya que Emesa no quería vender. Tal y como señala el medio, el contrato permitía al Ayuntamiento comprar las acciones en 2025. De no haberlo hecho, la siguiente oportunidad habría llegado en 2040.
Más dinero. El Mundo señala además, basándose en un informe de 2021 de la consultora de ingeniería LRA, que los túneles necesitan unos 400 millones de euros de inversión para garantizar su durabilidad. De momento, el Ayuntamiento ha reconocido que no ha realizado inversiones extra. También afirma que Emesa incumplió sus compromisos de mantenimiento, lo que explica en parte por qué se negó a pagar algunas reformas allá por 2016.
Imagen de portada | Ayuntamiento de Madrid
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La noticia
Quién paga la luz de la M-30: la pregunta sin resolver que Madrid ha zanjado renunciando a 112 millones de euros
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Antonio Vallejo
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