El juez federal Daniel Rafecas atribuyó distintos grados de responsabilidad a ocho acusados por la planificación y ejecución del ataque de 1994, que dejó 85 muertos y 151 heridos. La resolución, de 648 páginas, establece embargos de US$500 millones para cada uno y permite avanzar hacia un eventual juicio oral pese a que permanecen prófugos en el exterior.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés por sus presuntas responsabilidades en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La resolución, dictada este lunes 21 de septiembre y de más de 600 páginas, aplica por primera vez en esta causa el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784.

La medida permite que el expediente avance pese a que los acusados permanecen prófugos fuera del país y abre el camino hacia un eventual debate oral. Rafecas también dispuso embargos por US$500 millones sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados.

Los ocho procesados por Rafecas

El magistrado estableció diferentes niveles de participación en el atentado. Como autores mediatos fueron procesados cuatro exfuncionarios de alto rango del Estado iraní: Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, exjefe de la Fuerza Al Quds.

Como cómplices necesarios, en tanto, quedaron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la embajada; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, ciudadano libanés e integrante de Hezbollah. Según la investigación, habría tenido a su cargo la coordinación de la etapa final del operativo en Buenos Aires.

Cómo reconstruyó la Justicia el atentado

De acuerdo con la reconstrucción incorporada por Rafecas al expediente, la decisión política de cometer el atentado habría sido tomada en agosto de 1993 por las máximas autoridades iraníes y luego encomendada a Hezbollah para su ejecución.

La investigación estableció que el grupo contó con una estructura de apoyo regional y local. En los días previos al ataque, los ejecutores adquirieron una Renault Trafic el 10 de julio de 1994, que posteriormente fue acondicionada y cargada con unos 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo permaneció en un garaje cercano a la sede de la mutual hasta la mañana del 18 de julio, cuando fue utilizado para perpetrar el ataque.

El atentado provocó 85 muertes y 151 personas heridas. Rafecas encuadró los hechos en las figuras de homicidios y lesiones reiteradas agravadas por odio racial o religioso y por el empleo de un medio capaz de generar peligro común. Además, consideró que el ataque constituye un crimen de lesa humanidad y genocidio conforme al Derecho internacional.

Qué falta para llegar al juicio oral

La resolución también dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. En cuanto a Alí Khamenei, Imad Mughniyeh y Alí Hussein Abdallah, el magistrado no avanzó procesalmente debido a que fallecieron.

El procesamiento todavía puede ser apelado por la defensa oficial. Si la resolución queda firme, el expediente podrá avanzar hacia la elevación a juicio oral y público, aunque el proceso se desarrollaría bajo el régimen de juicio en ausencia previsto por la nueva legislación.

Además, Rafecas remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que evalúe una eventual vinculación con la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel de 1992, a partir de la hipótesis fiscal que atribuye ambos ataques a Hezbollah.

Las repercusiones políticas

El fallo tuvo repercusiones inmediatas dentro del Gobierno. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia y sostuvo que la norma permite que las investigaciones continúen cuando los acusados se encuentran prófugos.

También se pronunció el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien calificó el procesamiento como un avance en la investigación del atentado y destacó que la nueva herramienta procesal permite encaminar la causa hacia un juicio oral.

El avance judicial se produce más de 32 años después del atentado contra la AMIA, en una causa que permaneció durante décadas sin llegar a una instancia de juzgamiento de los principales acusados.

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