La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentó este viernes un pedido de informes para que Javier Alonso, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, dé explicaciones ante la Legislatura sobre la situación de inseguridad que atraviesa el territorio.
El pedido llega después de una seguidilla de hechos violentos registrados en el conurbano y de la suspensión por 60 días del Régimen Penal Juvenil provincial, dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual.
El presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, reclamó públicamente que el ministro “dé la cara” y explique con qué recursos se está cuidando a los bonaerenses. “Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”, sostuvo, y agregó que “la Provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden”.
La solicitud sobre Alonso se formalizó en un proyecto ingresado en la Cámara de Senadores bonaerense, invoca los artículos 90 y 92 de la Constitución provincial y los artículos 146, 147, 148 y 150 del reglamento interno del cuerpo para que Alonso informe “in voce” sobre el estado real de los medios humanos y materiales con que cuenta la policía.
El diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei, cuestionó la falta de información oficial sobre la fuerza policial. “El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la Provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible”, planteó. También apuntó contra “una mirada garantista de la seguridad” y afirmó que “el delincuente no puede conocer mejor el territorio que la Policía”.
El titular del bloque de diputados de LLA en la Legislatura bonaerense, Juanes Osaba, sumó reclamos al gobernador Kicillof: “Exigimos que dé la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad”.
La ofensiva libertaria sobre la gestión de Kicillof se profundizó esta semana a partir de la decisión de la jueza Pascual por suspender el nuevo régimen penal juvenil, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La magistrada argumentó que la provincia no tiene infraestructura en condiciones para recibir a los potenciales nuevos detenidos. A eso se sumó que este jueves fue baleado un excomisario en la puerta de un colegio en El Palomar, partido de Morón.
“Esta provincia tiene la cifra más baja de homicidios de su historia. Desde que asumimos, hay 18.000 presos más en las cárceles bonaerenses. Y estamos haciendo la mayor inversión en seguridad de la historia de la Provincia”, se defendió anoche de las críticas el ministro Alonso a través de sus redes sociales.
