El Reino Unido respondió este miércoles al discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que no habrá una negociación por la soberanía de las Islas Malvinas sin el consentimiento de sus habitantes.
La posición británica fue incorporada al registro oficial de la 81° Asamblea General después de que el Presidente definiera a Malvinas como “una causa nacional”, reclamara retomar el diálogo bilateral por la soberanía y cuestionara la falta de avances dentro de la ONU.
“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y las áreas marítimas circundantes, señaló Londres. Además, defendió el derecho de los isleños a decidir su estatus político y su desarrollo económico, social y cultural.
El cruce por la autodeterminación
El Gobierno británico acusó a Argentina de continuar negando que el principio de autodeterminación corresponda a los habitantes de las islas. Según su postura, esa posición resulta incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y afirmó que “no es el comportamiento que esperamos de una democracia”.
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Como parte de su argumento, Londres volvió a mencionar el referéndum realizado en 2013. De acuerdo con los datos británicos, participó el 92% del padrón y el 99,8% votó por mantener el actual estatus de territorio británico de ultramar.
La posición argentina es diferente. El Gobierno sostiene que el principio de autodeterminación no resulta aplicable en la disputa por Malvinas y fundamenta su reclamo en las resoluciones de Naciones Unidas que reconocen una controversia de soberanía entre ambos países y convocan a negociar.
Reino Unido también rechazó las medidas argentinas relacionadas con la explotación de recursos naturales en las islas. Defendió el desarrollo de hidrocarburos como una “actividad comercial legítima” regulada por las autoridades isleñas y sostuvo que las leyes argentinas no tienen aplicación sobre ese territorio.
En la misma línea, calificó como “inaceptables” las sanciones contra empresas vinculadas con el sector petrolero y consideró que representan un intento de ejercer jurisdicción extraterritorial.
La respuesta británica se conoció después de que el Gobierno argentino avanzara con sanciones y enviara al Congreso un paquete de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las herramientas contra empresas relacionadas con la explotación de recursos en las islas.
