Casación rechazó el intento de Jorge Chueco de llevar a la Corte Suprema la discusión sobre la multa de casi USD 220 millones impuesta en la causa Ruta del Dinero K (NA)

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes el intento de Jorge Oscar Chueco de llevar ante la Corte Suprema la discusión sobre la multa de casi USD 220 millones que le fue impuesta en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Por mayoría, la Sala IV declaró inadmisible el recurso extraordinario de su defensa y dejó vigente, en esta instancia, la sanción fijada por el Tribunal Oral Federal N° 4, que deberá abonarse en pesos según la cotización oficial del dólar al momento del pago.

La resolución fue dictada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El planteo había sido presentado contra el fallo del 17 de junio pasado, cuando la misma Sala rechazó el recurso de casación de Chueco y confirmó el monto de la multa en su contra.

La sanción, en rigor, había sido establecida el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal N° 4 en el equivalente a USD 219.491.466,76. El tribunal dispuso que la cifra se convierta a moneda nacional conforme “la cotización oficial del dólar minorista vendedor que fije el Banco Central de la República Argentina, al momento de su efectivo pago” y ordenó que sea abonada dentro de los diez días posteriores a que la decisión quede firme.

La suma equivale a cuatro veces los USD 54.872.866,69 considerados como parte del dinero lavado. La defensa cuestionó tanto ese cálculo como el mecanismo de conversión a pesos y manifestó que la decisión afectaba el principio de legalidad y el debido proceso.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Jorge Chueco (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El planteo había llegado por primera vez a Casación en marzo, cuando la Sala IV habilitó la revisión de la multa. Tres meses después, el tribunal rechazó ese recurso y mantuvo la sanción. Frente a esa decisión, la Defensa Pública Oficial presentó un nuevo recurso, esta vez extraordinario, para intentar abrir la instancia ante la Corte Suprema.

Los jueces Carbajo y Hornos consideraron que el recurso no cumplía con los requisitos para acceder ante la máxima instancia judicial. En ese marco, señalaron que quien pretende llegar a esa instancia debe “refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada” y demostrar que la resolución cuestionada resulta contraria a los derechos federales invocados.

También concluyeron que “no se advierte que la sustancia de los planteos” de la defensa involucrara una cuestión federal debidamente fundada o un supuesto de arbitrariedad que permitiera habilitar excepcionalmente la intervención de la Corte.

El Ministerio Público Fiscal, en cambio, había propiciado que el recurso fuera admitido. El camarista Borinsky coincidió parcialmente con esa postura.

Jorge Chueco al momento de su detención. Fue condenado a seis años de prisión en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, en la que se investigaron maniobras de lavado de activos vinculadas con Lázaro Báez y su entorno (NA)

El juez consideró que la mayoría de los agravios no habilitaban la vía extraordinaria porque remitían a cuestiones de hecho, prueba, derecho procesal o derecho común. Sin embargo, entendió que debía hacerse una excepción con el planteo sobre la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante.

Ese cuestionamiento está vinculado con el Decreto 274/2025, que derogó la autorización que permitía a la UIF actuar como parte acusadora en procesos penales. Para Borinsky, la cuestión podía generar “un agravio de imposible reparación ulterior” y planteaba una discusión federal vinculada con la división de poderes. Por eso propuso conceder el recurso únicamente sobre ese punto, aunque su posición quedó en minoría.

La causa conocida como Ruta del Dinero K investigó maniobras de lavado de activos vinculadas con el empresario Lázaro Báez y su entorno, que incluyeron operaciones financieras y transferencias de dinero al exterior a través de distintas sociedades. En ese expediente se tuvo por acreditado el lavado de al menos USD 55 millones.

Chueco fue abogado de Austral Construcciones y apoderado de Helvetic Service Group, sociedad que intervino en la adquisición de SGI, la financiera conocida como La Rosadita. En 2023, Casación redujo su condena de ocho a seis años de cárcel, pena que luego quedó firme.

Con la decisión de este viernes, la multa continúa vigente en esta instancia, aunque la defensa todavía puede intentar llegar a la Corte mediante una queja directa.