El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, afirmó que el organismo aún no recibió las demandas de inconstitucionalidad anunciadas contra normas aprobadas por el Congreso que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comprometen recursos públicos y podrían elevar el déficit fiscal.
Hernández explicó en una entrevista con Canal N que el TC no puede iniciar por cuenta propia un proceso para evaluar la validez de las leyes cuestionadas. La intervención del máximo intérprete de la Constitución depende de que los actores legitimados presenten una demanda dentro de los plazos previstos por la normativa.
“Entiendo por declaraciones públicas de los señores involucrados que estaban presentando cuatro proyectos, cuatro demandas de inconstitucionalidad. Pero que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy estas no han sido presentadas”, dijo el presidente del tribunal.
El magistrado añadió que una eventual sentencia tampoco puede aplicarse de forma retroactiva. Por ello, indicó que el pleno analizará cada caso de forma independiente solo si recibe las acciones correspondientes. “El tribunal no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden simplemente tener una retroactividad”, sostuvo.
El TC aún no recibe las cuatro demandas anunciadas por el Ejecutivo
Como se recuerda, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, dijo que su ingresante despacho había identificado cuatro normas que, a juicio del Gobierno, concentran los mayores riesgos para las cuentas fiscales.
La primera es la ley que establece una mejora de las pensiones para docentes jubilados. La norma fija como referencia la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, una cifra cercana a S/3.500 mensuales. Según estimaciones del Consejo Fiscal, su aplicación tendría un costo de por lo menos S/ 8.000 millones anuales.
La segunda corresponde a la reforma del régimen pensionario de militares y policías. El impacto fiscal neto de esta medida fue calculado en S/ 46.000 millones en valor presente, una estimación que representa el costo actualizado de las obligaciones futuras y no un desembolso anual.
Los beneficios para CAS y Cafae concentran otros S/ 5.621 millones
Las otras dos leyes mencionadas por Cuba están relacionadas con trabajadores del sector público. Una de ellas dispone la homologación del incentivo único del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (Cafae) para servidores bajo el régimen 276 de los gobiernos regionales. El Consejo Fiscal estimó que esa medida tendría un costo de S/ 2.621 millones al año.
La cuarta norma es la Ley N.° 32563, que reconoce gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). El beneficio se aplica de forma gradual: equivale al 10% de la remuneración mensual en 2026 y aumentará hasta llegar al 100% en 2030.
El costo de esa ampliación de beneficios laborales ronda los S/ 3.000 millones anuales, de acuerdo con la estimación recogida por el Consejo Fiscal. Las medidas referidas a docentes jubilados, Cafae y CAS suman al menos S/ 13.621 millones por año, sin incluir la reforma pensionaria para militares y policías.
Dos procesos no serían presentados directamente por el MEF
Cuba precisó entonces que el MEF presentaría las demandas contra la ley de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS y contra la homologación del Cafae. En cambio, señaló que los cuestionamientos a las normas pensionarias de maestros jubilados y de militares y policías serían impulsados por el Colegio de Economistas del Perú.
El ministro advirtió que, si las normas permanecían vigentes sin medidas correctivas, el déficit fiscal podría pasar de 1,8% a 3% del producto bruto interno en 2027 y mantenerse en ese nivel durante el resto del Gobierno. Ahora, tras la declaración de Hernández, queda por definir qué acciones llegarán formalmente al TC y en qué plazo.
