El violento secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el posterior homicidio de Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, ocurridos el pasado 30 de agosto en Trujillo, no solo estremecieron a La Libertad por la violencia del ataque. El caso también puso bajo la lupa una serie de vínculos empresariales y contrataciones públicas que tienen como escenario a Pataz, una provincia marcada por la actividad minera y por las disputas alrededor de la extracción de oro.
Las primeras pesquisas revelan que Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quien se desempeñaba como agente de seguridad de Jenss Lara Tantaquilla, aparecía formalmente como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca. Esta empresa consiguió la adjudicación de una consultoría de obra pública valorizada en S/354 mil en el distrito de Tayabamba.
La contratación fue realizada bajo la gestión del actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, Aldo Carlos Mariños, lo que abrió una nueva línea de interés dentro de las investigaciones periodísticas que buscan establecer cómo se movieron los negocios y contrataciones alrededor de personas vinculadas a la familia del empresario minero.
Contratos públicos y vínculos familiares ponen a Pataz bajo la lupa
Las investigaciones periodísticas apuntan a que el esquema empresarial no se habría limitado a una sola contratación. El seguimiento de diferentes procesos de selección permitió identificar múltiples licitaciones en la provincia de Pataz, una zona donde la actividad minera, tanto formal como informal e ilegal, tiene un peso económico considerable.
En este contexto, el analista político Iván Arenas advierte que las adjudicaciones de obras públicas pueden ser utilizadas como mecanismos para introducir al circuito formal dinero procedente de actividades ilícitas, entre ellas la extracción ilegal de oro.
La hipótesis plantea una problemática que excede el caso particular del secuestro: la posibilidad de que determinadas estructuras empresariales sean utilizadas para canalizar recursos y participar en contrataciones estatales.
Según el rastreo realizado, la familia materna de Jenss Lara Tantaquilla llegó a concentrar contratos con el Estado por un monto acumulado superior a S/11 millones. Esta cifra encendió las alertas y motivó el interés de las autoridades, incluida la Fiscalía de la Nación, que viene siguiendo las diferentes aristas que podrían estar relacionadas con este entramado.
La magnitud de los montos resulta particularmente significativa debido a que las empresas involucradas presentan vínculos familiares que se repiten en diferentes sociedades y procesos de contratación.
¿Cómo se distribuyeron los contratos entre las empresas de la familia Tantaquilla?
Los registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) permitieron identificar a distintos integrantes de la familia dentro de empresas que participaron en contrataciones con entidades públicas.
Uno de los casos corresponde a Luis Steven Campos Tantaquilla y Yimi Gerardo Rojas Tantaquilla, identificados como primos hermanos del minero secuestrado. Ambos figuran vinculados a Constructora Ohana S.A.C., compañía que acumuló contratos por aproximadamente S/3 millones 786 mil en el municipio de Chillia.
El nombre de la familia también aparece en otra empresa: Tantaquilla Contratistas S.A.C., integrada por los tíos maternos Dora Tantaquilla Domínguez, Alberto Tantaquilla Domínguez y Yannino Tantaquilla Domínguez.
Esta compañía consiguió licitaciones públicas por más de S/1 millón 383 mil, sumándose así al conjunto de empresas vinculadas familiarmente que lograron acceder a recursos provenientes de contrataciones estatales.
El seguimiento empresarial también alcanzó a ESCOSEG S.A.C., compañía vinculada a Toni Rojas Tantaquilla, así como a Constructora e Inmobiliaria Consinperu S.A.C.
En este último caso, uno de los elementos que llamó la atención de las investigaciones fue la información relacionada con sus domicilios fiscales. Estos fueron declarados en el centro de Lima, aunque, según el rastreo realizado, no se habría podido comprobar actividad comercial en dichos lugares.
Especialista pide revisar posibles direccionamientos en las licitaciones
La coincidencia entre diferentes proveedores y determinados domicilios fiscales también genera interrogantes sobre la forma en que se desarrollaron los procesos de contratación.
La especialista en contrataciones estatales Johanna Rodríguez considera que este tipo de coincidencias requiere una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
El objetivo de una eventual fiscalización sería determinar si existieron direccionamientos, simulaciones de procesos de selección u otras prácticas destinadas a favorecer a determinados proveedores en el momento de otorgar la buena pro.
El planteamiento no establece por sí mismo que haya existido una irregularidad. Sin embargo, la especialista sostiene que la concentración de empresas relacionadas y las coincidencias encontradas justifican una revisión detallada de los procedimientos, sus participantes y las condiciones bajo las cuales fueron adjudicados los contratos.
Este punto resulta relevante porque las contrataciones públicas representan recursos del Estado y, por ello, deben responder a criterios de transparencia, competencia y cumplimiento de los requisitos establecidos.
El secuestro de Jenss Lara y la disputa por el oro en Pataz
Más allá del aspecto empresarial, el caso tiene como telón de fondo la creciente violencia relacionada con la minería ilegal en Pataz.
El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla expone, según las investigaciones, la pugna entre organizaciones criminales que buscan controlar determinadas zonas de explotación aurífera. La disputa por el oro y las rentas que genera esta actividad ha convertido a diferentes sectores de la provincia en escenarios de enfrentamientos y hechos violentos.
En ese contexto aparece también la dimensión política. La vinculación de personas cercanas a la familia Tantaquilla con contrataciones realizadas durante la gestión del candidato regional Aldo Carlos Mariños generó cuestionamientos.
La exautoridad edil, sin embargo, negó haber tenido conocimiento directo sobre las contrataciones otorgadas a allegados del empresario minero.
La investigación también recuerda que Jenss Lara Tantaquilla ya afrontaba antecedentes legales desde 2020, cuando la Fiscalía de la Nación lo incluyó en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones con mineral de origen ilícito.
Este antecedente forma parte del contexto que ahora es revisado por las autoridades mientras se intenta esclarecer qué actividades desarrollaba el empresario y cuáles eran sus conexiones comerciales.
Familia rechaza vínculos con actividades ilegales
Ante los cuestionamientos surgidos alrededor de las empresas y contrataciones, Eleuterio Lara, padre de Jenss Lara Tantaquilla, rechazó públicamente que los ingresos económicos de sus hijos provengan de actividades irregulares.
El padre de la víctima también negó que esos recursos hayan servido para financiar o sostener los contratos estatales que aparecen vinculados a personas de su entorno familiar.
Sin embargo, uno de los elementos que mayor atención ha generado es precisamente la aparición de Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quien era parte del equipo de seguridad de Jenss Lara y, al mismo tiempo, figuraba formalmente como representante legal de un consorcio que obtuvo una contratación pública.
Esta doble condición —personal de seguridad y representante empresarial— se encuentra ahora bajo observación debido a que podría ser relevante para determinar quiénes ejercían realmente el control de determinadas empresas y contratos.
¿Qué relación existe entre los contratos públicos y el caso del secuestro?
Las autoridades deberán determinar si los vínculos empresariales identificados tienen una relación directa con el secuestro de Jenss Lara, el asesinato de su agente de seguridad y las disputas por el control de la minería aurífera en Pataz.
Por ahora, las coincidencias encontradas forman parte de una investigación más amplia y no permiten establecer automáticamente que todos los involucrados hayan cometido delitos.
Lo que sí aparece como un elemento central es la concentración de contratos públicos millonarios, la participación de familiares en distintas empresas y la existencia de personas que, pese a desempeñar determinadas funciones para el empresario secuestrado, también aparecen formalmente relacionadas con compañías que contrataron con el Estado.
El monto acumulado de los contratos identificados —más de S/11 millones vinculados a empresas de la familia materna— convierte este caso en un asunto que trasciende el crimen ocurrido el 30 de agosto.
Mientras continúa la búsqueda de respuestas sobre el paradero y situación derivada del secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, las investigaciones deberán establecer si detrás de las empresas y contrataciones existió únicamente una actividad comercial familiar o si hubo una estructura destinada a canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
La Fiscalía y las demás autoridades encargadas del caso tendrán que esclarecer tanto las circunstancias del violento ataque como los vínculos empresariales, políticos y mineros que aparecen alrededor de esta historia. La prioridad será determinar responsabilidades individuales y establecer, con evidencia, si los contratos públicos fueron obtenidos mediante procedimientos regulares o si existieron mecanismos destinados a favorecer a determinados proveedores.
Por ahora, el caso de Pataz vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre minería, dinero, crimen organizado y contratación pública en una de las zonas más golpeadas por la violencia asociada a la explotación aurífera.
