El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en Diputados con un proyecto que informa, pero no alivia. La oposición presentó otro que refinancia y pone tope.

¿Qué hace una familia cuando el sueldo no llega y la tarjeta es lo único que queda? Según el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), son seis millones de argentinos los que están en esa situación. Este martes, Diputados empezó a definir qué respuesta les da el Estado.

Y la respuesta oficial fue clara: información.

Dos leyes, dos diagnósticos

En un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, La Libertad Avanza, con el PRO y la UCR, reunió 32 firmas para su «ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores». Enfrente, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica juntaron 27 para la «ley de regularización y alivio financiero». Los dos diputados de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, firmaron un tercer dictamen de minoría.

Son dos diagnósticos opuestos. Para el oficialismo, el problema es que la gente no sabe lo que firma. Para la oposición, es que no puede pagar lo que firmó.

Qué propone cada uno

El proyecto oficialista apuesta a la prevención. Prevé más información sobre los créditos, en especial los de corto plazo (los más caros), la posibilidad de cancelar deudas anticipadamente, trazabilidad de las obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo. No incluye tasas máximas ni planes de refinanciación. Para quien ya está en mora, no hay salida.

El de la oposición sí interviene sobre la deuda existente:

  • Declara la emergencia por 180 días.
  • Habilita refinanciar en al menos 12 cuotas a quienes tengan más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2 (hoy, 3.200.000 pesos).
  • Limita la cuota al 30% de los ingresos.
  • Pone un techo al costo financiero total, con un margen de ganancia para el acreedor por encima de la tasa TAMAR.
  • Condona los intereses punitorios.
  • Suma capítulos sobre portabilidad, cobranzas abusivas y educación financiera.

La adhesión es voluntaria y se tramita ante el propio acreedor. Si este se niega, interviene el Banco Central.

«Populismo» o «negación»

La diputada oficialista Silvana Giudici sostuvo que los topes de tasas son «parches» que terminan rompiendo el sistema financiero, y los comparó con lo que pasó con la ley de alquileres. Juliano respondió que mandar a alguien ahogado en deudas a hacer un curso de educación financiera es desconocer el problema, y planteó que su norma es de orden público y establece derechos irrenunciables.

Las dos posturas ya se escucharon antes. Cada vez que el Congreso intenta regular el mercado, aparece el argumento de que la protección de hoy es el desabastecimiento de mañana. ¿Y quién paga el costo mientras tanto?

Lo que viene

La mayoría del oficialismo en comisión responde a cómo se integraron esos cuerpos, y no necesariamente se repetirá en el recinto. La oposición apuesta a eso. Si el debate llega al recinto, se va a definir algo más que dos textos: si el Estado entiende el endeudamiento de las familias como una falla individual o como el síntoma de una economía en la que endeudarse es la única forma de llegar a fin de mes.

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