Buenos Aires, 11 septiembre (NA) – La jueza federal María Romilda Servini archivó la denuncia presentada por 15 diputados nacionales contra la legisladora Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales. La magistrada dispuso el archivo de las actuaciones “por imposibilidad de proceder”, luego de que el Ministerio Público Fiscal concluyera que no existían elementos que permitieran conformar una hipótesis delictiva concreta y delimitada para iniciar una investigación penal. La causa había sido iniciada por los diputados María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, entre otros legisladores, quienes denunciaron supuestas irregularidades patrimoniales y el presunto uso de recursos parlamentarios en beneficio de Pagano y de su pareja, Franco Agustín Bindi. Uno de los principales cuestionamientos estaba relacionado con dos inmuebles y la evolución patrimonial de la diputada. Sin embargo, la Fiscalía determinó que Pagano vendió un departamento ubicado en la avenida San Juan el 22 de marzo de 2023 y compró otro en la calle Migueletes el 8 de agosto de ese año. Ambas operaciones ocurrieron antes del 10 de diciembre de 2023, cuando asumió como diputada nacional, por lo que el Ministerio Público consideró que no podían ser utilizadas para sustentar una investigación por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública. La denuncia también sostenía que personas vinculadas comercialmente con Bindi habían sido contratadas como personal parlamentario y luego habrían retornado parte de sus remuneraciones. La Fiscalía señaló que no se aportaron elementos que permitieran sostener que esos reintegros existieron o que los contratados no prestaron servicios. El dictamen cuestionó además la falta de precisión de esas acusaciones y sostuvo que las manifestaciones no estaban respaldadas por elementos o indicios que permitieran orientar medidas de prueba concretas. Otro capítulo de la presentación planteaba una posible asociación ilícita y financiamiento extranjero a partir de supuestos vínculos de Pagano y Bindi con representantes de Venezuela, Irán y Rusia, además del ex presidente boliviano Evo Morales. La Fiscalía descartó también esa hipótesis al considerar que no se describieron una organización criminal, roles determinados ni un plan delictivo y que tampoco se aportaron otros indicios que permitieran vincular esos contactos con un delito. En ese contexto, el representante del Ministerio Público advirtió que continuar el expediente constituiría una verdadera “excursión de pesca” y resultaría contrario a las garantías procesales, porque implicaría buscar pruebas sin contar previamente con un hecho delictivo concreto que investigar. Servini hizo lugar al planteo fiscal y ordenó finalmente el archivo de la causa en los términos del artículo 180, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. Agencia NA