Los sindicatos bolivianos preparan su respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, decretada el fin de semana. La Central Obrera Boliviana (COB), los choferes, los cisterneros y organizaciones campesinas anunciaron ampliados y medidas de presión mientras el Gobierno intenta desactivar el conflicto con reuniones sectoriales.
El Decreto Supremo 5716 fija el precio del diésel en 17,95 bolivianos por litro, frente a los 9,80 que regían desde enero. La norma, firmada el 18 de septiembre, supone un incremento de casi el 83%. El precio se vincula desde ahora al costo de importación y variará según las referencias internacionales.
La COB rechazó el decreto el sábado y convocó un ampliado nacional de emergencia, sin fecha precisa. En su pronunciamiento responsabiliza al Ejecutivo de la inestabilidad social que pueda derivarse de la medida. La central calificó la decisión como un golpe a la economía popular y advirtió de que puede encarecer la canasta básica, según La Voz de Tarija.
La organización acusa además al Gobierno de desconocer compromisos firmados con los trabajadores. Se trata del acuerdo del 19 de junio, con el que la COB aceptó abrir mesas sectoriales y poner fin a los bloqueos.
La Confederación de Choferes de Bolivia exige la abrogación del decreto. Su secretario general, Víctor Tarqui, dijo que el bloqueo sería el recurso del sector si el Gobierno no cede. Un ampliado nacional del gremio definirá si opta por paros o cortes de ruta, pese al estado de excepción.
Los cisterneros anunciaron que dejarán de cargar y descargar combustible hasta encontrar una solución, según su presidente, Sergio Koski. Hay una señal de alcance local: en Sucre, el transporte urbano replegó unidades de forma preventiva mientras evalúa el impacto del nuevo costo. En Yapacaní, productores agrícolas quemaron copias del decreto y convocaron una reunión de emergencia.
La reacción sindical coincide con un encarecimiento de los alimentos. AP recogió el fin de semana el testimonio de vendedoras de mercado que anticipan nuevas subidas cuando llegue la carga transportada con el diésel más caro. La desaparición de las filas de hasta tres días en las estaciones de servicio es, en cambio, el efecto que el Gobierno presenta como resultado de la medida.
El Ejecutivo defiende que el subsidio era insostenible. El ahorro rondaría los USD 2.600 millones anuales, según La Jornada. AP, por su parte, habla de más de USD 2.000 millones. Paz cifró el gasto semanal en subsidios a los combustibles en USD 55 millones, según su mensaje televisado. El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que el fin del subsidio era un requisito del FMI para desembolsar un préstamo de USD 1.900 millones.
Para amortiguar el golpe, Paz anunció un paquete de diez medidas. Incluye un segundo Bono PEPE de 750 bolivianos, pagadero en tres cuotas bimestrales. La gasolina sigue subvencionada hasta fin de año y dejará de estarlo en enero de 2027.
El precedente inmediato pesa sobre ambas partes. Entre mayo y julio, bloqueos encabezados por la Federación de Campesinos de La Paz y la COB, con apoyo de sectores afines al ex presidente Evo Morales, paralizaron buena parte del país. Exigían la renuncia de Paz y causaron pérdidas superiores a USD 3.000 millones. Las fuentes consultadas difieren sobre el número de muertos, entre 16 y 22.
Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio. Esta semana la Asamblea aprobó su prórroga por otros 90 días, con el argumento de que las organizaciones sociales amenazaban con reanudar las movilizaciones, según CLAE. Ese marco restringe las concentraciones masivas y prohíbe los bloqueos.
El presidente heredó dos décadas de deterioro económico: caída de la producción de gas, escasez de divisas, inflación y malestar social. Sus críticos le reprochan haber mantenido a la petrolera estatal al frente de la venta de hidrocarburos. El ex presidente Jorge Quiroga sostuvo que la demora y los cambios de decisión del Gobierno generan más incertidumbre.
La incógnita de esta semana es si los ampliados de la COB y de los choferes convierten el rechazo en bloqueos con el estado de excepción vigente. De ello dependerá que Paz preserve el respaldo del FMI sin reabrir la crisis de junio.
