El juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y otros dispositivos resguardados en el edificio Libertad, la sede de la Armada Argentina, para avanzar con la investigación del supuesto desvío de unos 1.000 millones de pesos en sobresueldos dentro de la fuerza.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el operativo en las oficinas de la Armada se dispuso luego de las declaraciones testimoniales de dos militares que aportaron nueva información a la causa.
Mediante una orden de presentación, personal de la Prefectura Naval se acercó al tercer piso del edificio Libertad, ubicado en la avenida Comodoro Py 2055 —frente a los tribunales federales porteños—, para solicitar la entrega de las computadoras y dispositivos de Vanesa Juárez, una de las civiles imputadas que trabajaba en el Departamento de Revista, área donde se liquidan los sueldos de unos 24.500 agentes. Los elementos buscados estaban bajo resguardo en una caja fuerte.
La causa judicial se inició a partir de una denuncia penal presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La presentación judicial detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 acreditaciones bancarias indebidas a favor de 23 beneficiarios.
El monto total del perjuicio al Estado ascendió a $981.148.567,88, aunque luego de algunas devoluciones parciales efectuadas por los involucrados, la cifra neta del desfalco se ubicó en $938.574.300,25, según se determinó en una auditoría interna de la Armada.
No obstante, no se descarta que el fraude pueda ser mucho mayor, dado que restan investigarse meses anteriores al período delimitado por la inspección administrativa.
Las declaraciones
Para conocer precisiones sobre esa auditoría, el juez Ramos le tomó declaración a Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Es uno de los funcionarios que integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias en las cuentas de la fuerza.
Su testimonio había sido solicitado, junto a otra serie de medidas, por el fiscal federal Ramiro González.
En la misma línea, también declaró en las últimas horas Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas de la Armada Argentina.
El magistrado también ordenó al Banco de la Nación Argentina que remita las constancias de todas las acreditaciones efectuadas, entre julio de 2022 y enero de 2026, en las cuentas bancarias de los 24 imputados. El informe debe incluir detalles de fecha, importe, CBU y titularidad de la cuenta receptora.
El juez Ramos quiere tener además los legajos personales de todos los involucrados. Solicitó esa información a la Armada -que está colaborando activamente con todo lo requerido-, junto con la nómina del personal que prestó funciones en el Departamento Revista en el período investigado y el organigrama correspondiente al área en la que funcionaba dicho departamento.
La idea es poder armar un mapa de actores en el que se puedan observar claramente las relaciones y funciones internas, indicaron las fuentes consultadas.
La Armada Argentina también deberá enviar a los tribunales de Comodoro Py copias certificadas de la instrucción disciplinaria que destapó el caso. El juez ordenó tener “especial atención” al cuidado de la cadena de custodia de todos los elementos que nutrirán la investigación.
Por último, el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Ramos giró oficios al Renaper y a ANSES para que, respectivamente, informen los últimos domicilios registrados y aportes devengados de María del Carmen Prieto, Amalia Cristina Díaz, Natalia Carolina Yahia y Damián Andrés Santana, las cuatro personas que recibieron pagos de la Armada sin cumplir ninguna función en la fuerza.
Según la denuncia, María del Carmen Prieto recibió más dinero que nadie, exactamente $152.259.495. Es la esposa del principal sospechoso, Ariel Baltasar Atanasoff, ex jefe del Departamento Revista.
En ese sector es donde los archivos generados de forma automática por el Sistema de Haberes de la Armada eran modificados manualmente antes de ser enviados al Banco Nación.
Según la investigación, los autores de la maniobra incrementaban de forma transitoria los montos de dinero destinados a ciertas personas. Una vez que el banco procesaba los pagos y transfería los fondos, los registros informáticos internos de la Armada eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, los sobresueldos no quedaban registrados en los recibos de sueldo que los agentes visualizaban en la plataforma web de la institución.
La maniobra se descubrió en febrero de 2026, cuando una auditoría de rutina sobre la liquidación de enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales sin justificación. Aunque estos funcionarios devolvieron el dinero, la Jefatura de Administración Financiera profundizó los controles hacia atrás y descubrió que la operatoria ilegal se venía repitiendo sistemáticamente desde julio de 2022.
Atanasoff fue confrontado durante la auditoría y confesó en ese ámbito administrativo que él fue el responsable de los incrementos salariales y de los desvíos a personas ajenas a la Armada.
La causa avanzará ahora sobre la reconstrucción de toda la maniobra. El juez Ramos tiene bajo estudio otras medidas que propuso el fiscal González, como la realización de una pericia informática sobre las computadoras que la Armada resguardó de manera preventiva.
Este peritaje técnico podría identificar qué usuarios accedieron a las terminales, qué archivos se crearon o modificaron y cuáles fueron transmitidos al banco. El análisis informático intentará determinar con exactitud qué datos e importes se alteraron, a qué beneficiarios correspondían y las fechas y horarios en que se concretaron las modificaciones manuales.
