El Tribunal Oral Federal 5 postergó el veredicto del juicio por Sueños Compartidos para el lunes 14 de septiembre, después de escuchar las últimas palabras de dos de los nueve imputados investigados por el presunto desvío de fondos públicos destinados al programa de viviendas sociales, ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En la próxima audiencia se escuchara la exposición final de los procesados que quedaron pendientes, en el marco de una definición que está marcada por una serie de planteos de las defensas, que sostienen que el paso del tiempo extinguió la acción penal.
El expediente tiene entre sus imputados al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López, al exsubsecretario Abel Fatala, y a los responsables de la fundación Sergio Schoklender y Pablo Schoklender.
El fiscal Diego Velasco y la representante de la Unidad de Información Financiera, Marianella Teich, solicitaron seis años de prisión e inhabilitación especial para ellos, al considerarlos autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Para los exfuncionarios de Planificación Carlos Castellano y Claudio Freidin, además de los exempleados de Santiago del Estero Daniel Nasif y Silvia Nasif, pidieron cuatro años de cárcel, al considerarlos partícipes necesarios de las presuntas maniobras bajo investigación.
Al pronunciar sus últimas palabras, Sergio Schoklender agradeció a sus defensores “porque el celo que pusieron y la honestidad con la que encararon la defensa es, es un homenaje a todos los que participaron del programa Misión Sueños Compartidos”.
Agregó: “No voy a decir, como diría la loca, que, que la historia me va a absolver. Pero lo que sí es importante es que la defensa que ellos hicieron, todo lo que se demostró acá, no tiene importancia el resultado”.
Por su parte, Pablo Schoklender, José López, Julio De Vido y Abel Fatala decidieron no hacer uso de su derecho. El lunes tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal Daniel Alfredo Nasif y Silvia Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano.
El planteo de prescipción
Como consecuencia de la decisión del tribunal, el final del juicio llegará un día antes de que se venza el supuesto plazo de prescripción de la causa, de acuerdo al punto de vista de la fiscalia, que además sostiene que no debería valorarse, teniendo en cuenta que los imputados fueron funcionarios públicos.
Los abogados de todos los procesados solicitaron que se declare la prescripción del expediente, con el argumento de que está vencido el plazo máximo de seis años establecido para el delito de defraudación contra la administración pública, si se considera que según ellos el último acto capaz de interrumpir ese plazo fue la citación a juicio oral del 8 de julio de 2020.
El planteo se apoya en el artículo 354 del Código Procesal y en la idea de que aquella convocatoria al debate fue el último avance procesal con efectos sobre el cómputo de la prescripción.
No obstante, para el fiscal Diego Velasco no se cumplió el plazo razonable porque la última citación a juicio fue para el 15 de septiembre de 2020, a pedido de las propias defensas. Recordó que durante la pandemia, los abogados habían cuestionado la posibilidad de acceder al expediente y producir prueba.
Velasco afirmó que esa decisión no generó consecuencias jurídicas y, por ese motivo, no puede computarse como un acto interruptivo. Añadió otro fundamento: Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif mantuvieron vínculos con la función pública, una situación que, según la acusación, suspendió el plazo de prescripción.
La causa
En este expediente se investiga el presunto desvío de $206.438.454,05 de fondos públicos destinados a obras de viviendas sociales.
Según la hipótesis fiscal, el mecanismo funcionó entre 2005 y 2011 a través de adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo bajo una condición de exclusividad.
La acusación indicó que la Secretaría de Obras Públicas transfirió $748.719.414,64 para la ejecución de los proyectos. Ese monto representó el 23,54% de la financiación total que se encuentra bajo análisis en el expediente.
