La Argentina perdió una oportunidad única para debatir una actualización de la “Ley de Tierras” y ahora una decisión de la Corte Suprema de Justicia eliminó todo límite a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

El camino más efectivo hubiese sido copiar el modelo australiano, que permite a los inversores extranjeros comprar tierras sin límite alguno por un monto de hasta 15 millones de dólares australianos (unos 10,5 millones de dólares estadounidenses).

Una vez superado ese umbral, el inversor privado extranjero debe, en caso de querer realizar nuevas compras, pedir autorización a un ente estatal (Foreign Investment Review Board o FIRB), que realiza una verificación de la situación para luego aprobar la operación, vetarla o autorizarla con condicionamientos.

Si el inversor es una entidad o empresa asociada a un Estado extranjero, debe pedir permiso siempre al FIRB por más pequeña que sea la operación. En lo que respecta a inversores de Chile, Estados Unidos o Nueva Zelanda (países que tienen un Tratado de Libre Comercio con Australia y no representan un amenaza estratégica), el límite es de hasta 1498 millones de dólares australianos.

Por otra parte, toda transacción de tierra rural y derechos de agua asociados debe inscribirse en un registro público –independientemente del monto involucrado– para poder hacer un seguimiento sobre el mapa productivo nacional.

El debate sobre la actualización de la legislación, promovido este año por el gobierno argentino, no prosperó porque el ambiente “malvinense” posterior al Mundial de Fútbol hizo inviable una discusión desapasionada al respecto.

Algunos dirán que tampoco ayudó mucho el hecho de que se difundiera que el senador nacional Joaquín Benegas Lynch de La Libertad Avanza sea director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de inmuebles rurales. Y que la senadora nacional Juliana Di Tullio (Partido Justicialista) presentara una impugnación contra Benegas Lynch por un eventual conflicto de intereses.

Pero eso forma parte del “circo” político que contribuye a incrementar la confusión general en lugar de fomentar el debate profesional. Si se impugnaba a Benegas Lynch, habría que haber hecho lo mismo con todos los legisladores que poseen campos, pues se podría haber argumentado que estaban interesados –al momento de votar una reforma de la Ley de Tierras– en incrementar el valor de sus activos a través de un aumento de la demanda.

Lo verdaderamente relevante en el caso de Benegas Lynch es que entre 2007 y 2020 trabajó como director ejecutivo de Pampa Partners, una firma de negocios inmobiliarios rurales creada por el estadounidense Douglas Tompkins, quien promovió un “sociocidio” en la provincia de Corrientes al restringir de manera deliberada la posibilidad de producir en grandes extensiones de la región del Iberá.

Por ese antecedente, una nueva legislación en la materia, además de inspirarse en el modelo australiano, debería prohibir de manera expresa la posibilidad de que extranjeros compren tierras con el propósito de retirarlas de producción. La sostenibilidad empieza por darle de comer a la población local, aunque los “ecofascistas” estimen que el ambiente es más importante que cualquier otra cuestión.

La Argentina, una nación empobrecida con gran disponibilidad de recursos naturales e intelectuales, requiere estar abierta a nuevas inversiones productivas que promuevan el desarrollo de las comunidades de base agropecuaria. Pero, ciertamente, no de cualquier manera, sino con un plan estratégico, como tienen todas las naciones serias.