Una empresa controlada por el Estado de Israel acumuló durante décadas una montaña artificial de sal tóxica en Barcelona. Dos décadas de recursos judiciales después, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado la última intentona de la empresa por retirar toneladas de residuos. La química israelí Iberpotash se encuentra así ante la obligación del TSJC de desmontar la montaña de sal contaminante que amontona en la colina del Cogulló, término municipal de Sallent de Llobregat, hogar de un antiguo poblado íbero. Es uno de los mayores focos de riesgo ecológico de Cataluña.
Sal de fondo. La minería en el Bages arranca en 1900, cuando el ingeniero Emili Viader excava un pozo de 50 metros en Súria para extraer sal. En 1912 se descubrió potasio en la cuenca salina catalana; en 1929, Potasas Ibéricas empezó a extraerla en Sallent. En 1998, Israel Chemicals Limited (ICL), controlada mayoritariamente por el conglomerado Israel Corporation, compra el negocio a la SEPI por algo más de 17.000 millones de pesetas y crea Iberpotash.
Sin embargo hereda, de regalo, la montaña de vertidos que ya crecía desde finales de los años setenta. Toneladas de residuos salinos al aire libre, sin tratamiento. El vertedero de El Cogulló siguió creciendo hasta convertirse en la montaña más alta de la comarca del Bages.
El pueblo se harta. En 2006, la asociación de vecinos del barrio de la Rampinya de Sallent pidió al ayuntamiento que abriera expediente urbanístico contra la empresa. Como el consistorio no avanza, los vecinos recurren por su cuenta. Ocho años después, el 18 de febrero de 2014, el TSJC les da la razón: ordena la suspensión inmediata de los vertidos y el restablecimiento de la realidad física alterada. Desde la empresa recurrieron, por supuesto.
Al día siguiente, un juzgado de Manresa condenó a tres exdirectivos a dos años de cárcel por delito ecológico. "Restablecimiento de la realidad física alterada", exigen. La Audiencia de Barcelona ratificó la sentencia el 14 de noviembre de 2016, rebajando la pena por dilaciones indebidas, si bien manteniendo la obligación de sufragar la recuperación ambiental.
