El caso de abigeato que salió a la luz en junio pasado, cuando el Comando de Prevención Rural (CPR) de Lincoln allanó un campo de Carlos Tejedor y secuestró 49 cabezas de ganado, sumó en las últimas horas un giro con nuevas declaraciones.
El abogado Pedro Di Costanzo, defensor del productor Martín Iglesias —quien permaneció detenido un solo día en el marco de la investigación por abigeato agravado antes de recuperar su libertad—, expuso una serie de irregularidades que, sostiene, ponen en duda la versión que dio origen a todo el procedimiento: la denuncia presentada por el productor Gabriel Racca.
Según la reconstrucción original del hecho, Racca había denunciado el faltante de 52 terneros de su establecimiento, valuados en unos US$50.000, tras un recuento realizado a principios de junio.
La investigación derivó en allanamientos en Carlos Tejedor, donde se recuperaron 49 de los 52 animales denunciados, y en la detención de un sospechoso vinculado a un feedlot de la zona.
Ese hombre era, según relató ahora Di Costanzo, su defendido: Martín Iglesias.
La versión de la defensa
De acuerdo con el abogado, cuando entró en contacto con Iglesias, éste se mostró indignado por la situación: aseguró que la policía había ingresado a su campo con una orden de allanamiento, que él se puso a disposición de la Justicia y que colaboró en todo momento, convencido de que su actividad era completamente legal.
Pese a esa colaboración, terminó sorprendido por la incautación de las 49 cabezas de ganado, que la fiscalía dispuso entregar en carácter de depositario judicial a Racca —es decir, para su cuidado, pero sin poder disponer de ellas ni venderlas—.
Al día siguiente del operativo, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se presentó públicamente junto a la policía, un contador de la Municipalidad y el propio Racca, en lo que Di Costanzo calificó como un respaldo apresurado a una versión de los hechos que, según asegura, nunca fue verificada.
Contradicciones en la documentación aportada por el denunciante
El eje central de la defensa de Iglesias se apoya en el análisis de la prueba documental que el propio Racca presentó ante la Justicia.
Según detalló Di Costanzo, existen tres tipos de informes que deberían ser coincidentes entre sí: el del SENASA, el de la línea municipal de Junín y el acta de vacunación.
Al contrastarlos, el abogado encontró desfasajes que, sostiene, resultan imposibles de explicar si la denuncia fuera cierta.
Según relató, Racca afirmó que el 29 de abril contaba con 441 cabezas de ganado, pero un acta de vacunación del día anterior —el 28 de abril— registraba 476.
A esa primera inconsistencia se suma otra: Racca sostuvo que entre esa fecha y el 5 de junio ingresaron 53 animales y egresaron 28, lo que lo llevó a denunciar un faltante de 52 cabezas a comienzos de junio.
Pero al cruzar esos números con la documentación que él mismo aportó, el abogado encontró una diferencia de entre 60 y 80 animales, muy alejada de la cifra denunciada.
Ese desfasaje, señaló Di Costanzo, no pasó inadvertido para la propia investigación policial.
Un informe de un comisario elevado al ayudante fiscal de Junín, Juan Martín Camoletti, ya advertía que, al realizar un acta de rodeo de la hacienda de Racca, se detectó un desfasaje tan amplio entre los números que resultaba imposible determinar con certeza la cantidad real de animales existentes.
A este panorama se agregó el testimonio de un exempleado de Racca, Omar Cáceres, quien declaró ante la fiscalía que en el pasado, mientras trabajaba para él hasta abril de 2025, Racca ya había denunciado la falta de 14 animales ante la Patrulla Rural de Junín, para luego retirar la denuncia al recordar que los había vendido.
Un antecedente que, según la defensa, refuerza el cuadro de desorden administrativo que atribuyen al denunciante.
Di Costanzo remarcó además que, según un informe sobre la estancia de Racca, no se hallaron indicios de forzamiento: ni candados violentados, ni tranqueras rotas, ni alambrados dañados, pese a la sustracción denunciada de 52 animales.
“Terminaron con los malvivientes”: el video del intendente, bajo la lupa
Con este cuadro probatorio, la defensa presentó un escrito ante la fiscalía solicitando que se investigue a Racca por el delito de falsa denuncia, al considerar que la prueba documental que él mismo aportó termina contradiciendo su propio relato.
Pero además de cuestionar la solidez de la denuncia original, el abogado apuntó con dureza contra la forma en que el caso fue comunicado públicamente en junio.
“Lo que más me preocupa es que este señor se paseó por todos los medios televisivos y radiales del país afirmando que efectivamente le habían sustraído 52 cabezas, cuando la prueba documental no dice eso”, sostuvo Di Costanzo.
En esa misma línea, cuestionó al intendente de Lincoln, Salvador Serenal, por haber protagonizado un video junto a Racca en el que se afirmaba que se había “terminado con los malvivientes” y que se había realizado “un trabajo increíble” entre la Municipalidad y la fiscalía, pese a que —según el abogado— ni siquiera se había constatado la documentación del caso.
El defensor adelantó también que, al realizar un inventario propio junto a un escribano y un veterinario el 6 de agosto sobre la hacienda que permanece bajo depósito judicial en poder de Racca, la defensa constató que ya faltaban dos animales de los 49 originalmente entregados.
Para Di Costanzo, ese dato confirma su “hipótesis central: que Racca es, ante todo, un administrador desordenado, incapaz incluso de custodiar la hacienda que la Justicia puso bajo su cuidado”.
El abogado agregó que, al revisar las facturas aportadas por Racca como prueba de propiedad, tampoco logró acreditar de manera fehaciente que los animales le pertenecieran.
Lo que viene
Con Iglesias ya en libertad y los animales aún bajo depósito judicial en poder de Racca, Di Costanzo adelantó que la defensa avanzará contra todos los funcionarios que intervinieron en el procedimiento.
“Al final es un robo amparado por el Estado”, afirmo el abogado, en referencia a lo que considera un accionar irregular por parte de la fiscalía y la policía de Junín, que derivó en la incautación de la hacienda de su defendido a partir de una denuncia que, según sostiene, nunca debió prosperar.
El expediente sigue su curso y la próxima instancia dependerá de la respuesta que dé la fiscalía al pedido de investigar a Racca por falsa denuncia.
