El “chulco” o “gota a gota”, como se conoce en Ecuador a los préstamos informales con intereses ilegales, dejó de ser un delito patrimonial aislado. Un nuevo informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) concluye que la usura, la captación ilegal de dinero y la extorsión funcionan hoy como eslabones interconectados de las cadenas de valor del crimen organizado en el país.
Según el estudio, elaborado en el marco del proyecto Crime-Lab, estos esquemas cumplen una doble función para las estructuras criminales. Por un lado, operan como mecanismos de reinversión para generar rendimientos. Por otro, facilitan la legalización de flujos masivos de dinero en efectivo. Los casos analizados evidencian posibles vínculos con el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y el lavado de activos.
El dato que mejor ilustra la transformación es el de la extorsión. En 2019, la Fiscalía General del Estado registró 1.616 noticias del delito por extorsión. En 2025, la cifra llegó a 16.130. Eso representa un incremento del 898% y una tasa de 89 denuncias por cada 100.000 habitantes. Guayas concentra el 35% de los casos, seguida de Pichincha (13%), El Oro (10%), Esmeraldas (7%) y Manabí (6%). Para el OECO, la extorsión emerge como una distorsión de la fase de cobro de los préstamos ilegales.
“La usura no se ha ido, la diferencia es que ahora existe la extorsión y el asesinato como parte (de ella)”, dijo una de las personas entrevistadas para el estudio. Otro testimonio describe el cambio en la forma de cobrar: “Las personas ya no se atreven a denunciar porque las van a matar, antes les iban a quitar los bienes, ahora directamente las matan”.
El informe identifica además un ciclo de revictimización. Los comerciantes que pagan “vacunas” a los grupos criminales acuden a préstamos ilegales para cumplir con las extorsiones y quedan atrapados en una doble red. En cantones como Latacunga, el crecimiento atípico de la extorsión coincide con una reducción de las denuncias por usura. Para los autores, esto sugiere una transición del cobro de préstamos informales hacia el control territorial.
La usura, en cambio, se concentra en la sierra centro. Entre 2019 y 2025 la Fiscalía registró 1.933 hechos, en promedio casi uno por día. Tungurahua acumuló el 29,2% de los casos en 2025, y Ambato encabeza la tasa entre los cantones de más de 100.000 habitantes. En captación ilegal de dinero, Pichincha concentra el 57% de las denuncias.
Uno de los casos analizados muestra cómo se entrelazan estos mercados. En marzo de 2024, en un control policial en Huaquillas, en la frontera con Perú, los agentes encontraron USD 49.980 en efectivo repartidos en siete fundas rotuladas con nombres y cantidades. La investigación determinó que el dinero provenía del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos y de préstamos con intereses mensuales del 20%. Los tres procesados fueron condenados a siete años de prisión, pero solo por lavado de activos. La usura y el tráfico de migrantes se mencionaron apenas como referencia del origen del dinero.
Esa respuesta limitada es la regla. Entre 2021 y 2025 se iniciaron 157 procesos penales por usura, frente a cerca de 1.400 noticias del delito. Según reportes de prensa citados en el informe, entre 2017 y 2022 solo 8 de 756 causas por captación ilegal de dinero terminaron en condena.
Las víctimas son, sobre todo, personas excluidas del sistema financiero formal, con empleos informales e ingresos inestables, que necesitan liquidez inmediata. Un estudio de 2021 citado por el OECO encontró que quienes acceden a estos créditos creen pagar intereses de entre 10% y 20% mensual. En realidad, pagan en promedio alrededor del 100% mensual. El informe advierte que, al convertirse en los principales proveedores de dinero de una comunidad, las organizaciones criminales aseguran también el control social y territorial.
