La jueza federal Cynthia Valenzuela desestimó el lunes 1 de septiembre de 2026 la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) contra California por permitir que estudiantes transgénero compitan según su identidad de género. El fallo cierra el caso en primera instancia y es una derrota para la administración de Donald Trump, que durante más de un año intentó prohibir la participación de niñas transgénero en equipos femeninos en California.
La decisión beneficia directamente al Departamento de Educación de California y a la Federación Interescolar de California (CIF), los dos organismos que el DOJ había llevado a juicio. Ambas entidades administran y supervisan los programas deportivos escolares en uno de los estados más poblados del país.
Por qué el Departamento de Justicia cuestionó las reglas deportivas de California
En julio de 2025, el DOJ interpuso la demanda con el argumento de que las políticas de California vulneraban el Título IX, la ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en cualquier programa educativo que reciba financiamiento del gobierno federal. La postura del gobierno fue que esa norma obliga a las escuelas a definir la elegibilidad deportiva sobre la base del sexo biológico, no de la identidad de género.
La demanda se construyó en torno a la participación de cinco atletas transgénero en competencias escolares y sostuvo que su presencia quitaba oportunidades a otras alumnas, según consignó The Guardian. Como medida de presión, el DOJ amenazó con retirar 44.300 millones de dólares en fondos federales destinados al sistema educativo estatal si California no modificaba sus políticas, según informó el Los Angeles Times.
La posibilidad de perder esa suma habría afectado a casi 6 millones de estudiantes del sistema público K-12.
Los fundamentos del fallo sobre el Título IX y los fondos federales
Valenzuela, designada por el presidente Joe Biden, concluyó que el Título IX y sus regulaciones no establecen de manera clara una obligación para California de excluir a las atletas transgénero de los equipos femeninos. En su resolución, la magistrada señaló que el gobierno federal no había notificado al estado, con la precisión que la ley exige, que mantener políticas de inclusión supondría la pérdida del financiamiento federal.
La jueza solo analizó si el Título IX y sus reglamentos exigían a California excluir a niñas transgénero de equipos femeninos para recibir fondos. Respondió que no. Consideró que el estado no tuvo “notificación clara” de que esa exclusión era requisito para el financiamiento federal y que ninguna decisión judicial posterior, incluida la de la Corte Suprema de junio de 2026, lo aclaró.
La magistrada también destacó que el gobierno federal modificó sus propias directrices sobre este asunto en múltiples ocasiones durante la última década, lo que reforzó su conclusión de que la posición oficial nunca fue inequívoca.
Qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos y por qué no definió el caso de California
Dos meses antes del fallo de Valenzuela, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló, por su mayoría conservadora, legislaciones de Virginia Occidental e Idaho que impiden la participación de niñas transgénero en equipos femeninos. Esa decisión fue invocada por el DOJ como respaldo a su postura.
Valenzuela indicó que la Corte Suprema permitió a esos dos estados mantener restricciones, pero no ordenó una prohibición nacional ni resolvió si el Título IX autoriza o impide que atletas transgénero integren equipos femeninos. La Corte aclaró que su decisión no abordaba esa “cuestión distinta”. Por eso, ni ese fallo ni otra jurisprudencia obligaban a California a seguir el criterio de Virginia Occidental e Idaho.
Las políticas de California para estudiantes transgénero en el deporte escolar
California garantiza desde 2013 que los estudiantes transgénero integren equipos deportivos escolares según su identidad de género. La política fue eje de campaña de grupos conservadores.
Más de 20 estados aprobaron leyes similares; otros tantos, normas opuestas. Por presión federal, la CIF cambió sus reglamentos: atletas transgénero pueden competir, pero no desplazar a cisgénero en clasificaciones ni podios, donde deben compartir el lugar con el siguiente cisgénero en el marcador.
El caso más visible fue el de AB Hernández, atleta transgénero de pista y campo a quien el presidente Trump exigió excluir del campeonato estatal. Hernández compitió, obtuvo varias medallas y las compartió con las atletas cisgénero que habrían ocupado esas posiciones en su ausencia; en 2026 repitió esa actuación con idéntico resultado.
Reacciones y apelación pendiente
El DOJ expresó su “decepción” por el fallo y anunció que evalúa una apelación; la CIF y el Departamento de Educación estatal declinaron comentar. Rainbow Families Action celebró la decisión y, según The Guardian, advirtió que varios distritos habían recibido presiones para ignorar la ley estatal y anticiparse a órdenes ejecutivas federales.
Trevor Norcross, padre de Lily Norcross —atleta de pista citada por el DOJ en la demanda—, declaró al Los Angeles Times que es “momento de volver a apoyar y disfrutar el deporte femenino en lugar de intentar destruirlo” y calificó el fallo como prueba de que la administración Trump “se extralimitó desde el inicio de su mandato”.
El caso no está cerrado: si el DOJ recurre ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, ese tribunal podría emitir un pronunciamiento de mayor alcance sobre el Título IX. Mientras tanto, las reglas para atletas transgénero varían según el estado y el debate continúa en los tribunales y cuerpos legislativos de todo el país.
