Por definición, una tasa municipal es un tributo que pagan los vecinos a cambio de la contraprestación de un servicio específico, como el alumbrado, barrido y limpieza, el mantenimiento de los caminos o la expedición de un certificado de tránsito electrónico. Que tenga necesariamente un servicio atado a ese cobro es lo que la diferencia de un impuesto convencional.
Hace ya varios años que esa frontera se tornó borrosa, y las tasas se convirtieron en instrumentos de recaudación para los intendentes. Una maniobra que, con réplicas en muchas localidades, empezó a ser denunciada por los vecinos y llevada directamente a la Justicia.
El foco de mayor conflicto se concentra en la provincia de Buenos Aires, donde el bloque de legisladores de La Libertad Avanza ahora impulsa proyectos de ley para que, paradójicamente, se cumpla la ley.
Las iniciativas fueron presentadas por el presidente del bloque libertario en el Senado provincial, Carlos Curestis, y el diputado Pablo Morillo. Proponen modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires para que haya mayores exigencias al momento de crear o modificar tasas, y que, de ese modo, deje de “torcerse” su definición por intereses o necesidades de las cuentas públicas.
En ese sentido, los proyectos establecen que los intendentes deben acreditar el servicio que justifica cada tasa y demostrar que existe una relación entre lo que se cobra y el costo de la prestación. En resumidas cuentas, demostrar que no están desviando fondos para cubrir otros “baches” en su cadena de pagos.
En muchos casos de judicialización de tasas, uno de los puntos centrales a reclamar es que se presente una memoria de costos, es decir, una serie de documentos que acrediten cuántos recursos necesita el servicio para funcionar y en qué parámetros se ampara el cobro de esa tasa. Si hay inconsistencias en esa información, el largo reclamo en la Justicia puede terminar con la impugnación de la tasa.
La propuesta libertaria busca dejar ese proceso sentado por ley: que cada intendente deba presentar una memoria técnica de costos a su Concejo Deliberante cada vez que se cree o modifique una tasa municipal, y que ya esté contemplada la posibilidad de que esta sea “inexigible” si no tiene una contraprestación efectiva.
Según consignó Agencia DIB, esta avanzada legislativa es parte de una estrategia más amplia que LLA viene sosteniendo contra las tasas municipales. Durante los primeros 6 meses del año, de hecho, presentaron 123 pedidos de baja de ese tributo, de las cuales un 10% ya fueron aceptadas y el resto sigue en evaluación en comisiones los concejos deliberantes.
Así lo explicó el principal ideólogo de la iniciativa, el armador provincial y alfil de Karina Milei, Sebastián Pareja: “En la gran mayoría de los municipios las tasas no tienen contraprestaciones y terminan siendo cajas encubiertas de la casta política. Dimos grandes pasos, pero queda mucho por hacer”, señaló.
Por su parte, las iniciativas de Curtis y Morillo deberán oportunamente debatirse en el Poder Legislativo provincial, a pocos meses de que la campaña electoral empiece a tomar carrera.
“Los bonaerenses tienen derecho a saber qué servicio están financiando y quién lo presta. Con este proyecto buscamos terminar con tasas difíciles de justificar y exigir que los municipios expliquen qué servicios cobran y prestan”, señaló el titular del bloque libertario del Senado.
