La denuncia contra un asesor de la Legislatura de Córdoba por presuntos abusos sexuales volvió a poner en el centro del debate el control sobre las personas que trabajan en el ámbito legislativo y la respuesta de las instituciones frente a denuncias de violencia contra niñas y adolescentes. La abogada Daniela Morales Leanza representa a dos hermanas que denunciaron abusos sexuales sufridos durante su infancia. Una de ellas había realizado una denuncia en 2017 que, según la letrada, no tuvo avances. El acusado es asesor de una legisladora radical y empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba. Daniela Morales Leanza, abogada de dos de las presuntas víctimas, contó en el programa de Radio Universidad "Otra Vuelta de Tuerca" que una de las hermanas había denunciado los hechos en 2017, cuando era menor de edad, pero que esa presentación —según afirmó— no tuvo avances significativos. La investigación actual contempla, de acuerdo con la abogada, múltiples hechos y más de una presunta víctima dentro del mismo grupo familiar. Morales Leanza también cuestionó la exposición pública que tuvo el acusado después de que el caso tomara estado público y sostuvo que sus declaraciones afectaron profundamente a las denunciantes. Además, señaló que existe una restricción de contacto con las presuntas víctimas dictada luego de la denuncia y planteó la necesidad de investigar no sólo los abusos denunciados sino también una posible “serialidad” de los hechos. La abogada reclamó, asimismo, que la reacción institucional sea la misma independientemente de la pertenencia política del acusado: “Si ayer exigimos explicaciones porque el acusado pertenecía al oficialismo, hoy tenemos que exigir exactamente las mismas explicaciones si pertenece a la oposición”, sostuvo. “Estamos frente a una multiplicidad de hechos, una pluralidad de víctimas y una extensión temporal.” dijo la letrada, quien agregó que “La justicia debería investigar la posible patrón de serialidad. Estaríamos frente a un abusador serial.” A las Radios de la UNC, Morales Leanza le señaló que “En el año 2017 había una denuncia que no era desconocida por aquellos que estaban apañando. Instituciones, cero. Aún brillaron por su ausencia”, dijo y agregó que “La defensa tiene todas las garantías constitucionales, pero bajo ningún punto puede despotricar frente a la víctima y revictimizarla más y exigimos explicaciones porque el acusado pertenecía al oficialismo, hoy tenemos que exigir exactamente las mismas explicaciones si pertenece a la oposición.” “Si cambiamos de criterio según quién sea el acusado, no tenemos principios: tenemos conveniencia”, concluyó la abogada.