Una pyme de Florencio Varela que emplea a 70 trabajadores obtuvo una medida cautelar para evitar que le corten la luz, luego de recibir dos facturas de Edesur que superaban los $170 millones. La empresa advirtió que la interrupción del servicio pondría en riesgo la continuidad de la fábrica y los puestos de trabajo.
El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Quilmes, que ordenó a Edesur abstenerse de suspender o restringir el suministro eléctrico hasta que se resuelva el fondo del litigio. El magistrado consideró que existía un peligro concreto de paralización de la actividad productiva y un daño de difícil reparación.
La deuda millonaria que originó el reclamo
Según la presentación judicial, la empresa recibió una factura por $91.956.961,49, que logró pagar únicamente después de obtener un préstamo bancario de $100 millones a 36 cuotas.
Poco después llegó una segunda boleta por $82.959.743,90, que la firma aseguró no estaba en condiciones de afrontar. Entre ambas sumaban $174.916.705,39.
La pyme, dedicada a la fabricación de adhesivos, films y tubos de polietileno, sostuvo que la energía es un insumo esencial para su producción y que los aumentos tarifarios volvieron inviable su funcionamiento.
Qué cuestionó la empresa sobre las facturas
En la demanda, la firma denunció que algunos conceptos tarifarios registraron incrementos de hasta el 300%, especialmente en los cargos vinculados al costo de la energía y al servicio de potencia.
Además, afirmó que esos conceptos llegaron a igualar o incluso superar el valor de la energía efectivamente consumida y advirtió que, si las nuevas condiciones se aplicaran durante un ciclo completo de facturación, una boleta podría superar los $323 millones.
La empresa también sostuvo que la tarifa tenía un carácter confiscatorio y cuestionó la falta de audiencias públicas previas a los aumentos.
El fallo que frenó el corte de suministro
El juez federal entendió que estaban reunidos los requisitos para dictar una medida cautelar, al considerar acreditadas tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora.
En su resolución destacó la desproporción entre los valores históricos y los montos reclamados, y advirtió que un corte de energía podría provocar la paralización total de la planta, el cierre de la fábrica y el despido de sus 70 empleados.
Por ese motivo, ordenó que Edesur no interrumpa, suspenda ni restrinja el servicio eléctrico hasta que la Justicia resuelva la causa principal. La medida quedó sujeta a una caución juratoria y regirá mientras continúe el proceso judicial.
