El proyecto presentado por el partido opositor busca derogar una iniciativa del Gobierno Nacional que le permite a millonarios comprar la nacionalidad argentina: o bien pagando 350 mil dólares o comprando títulos públicos por 800 mil dólares.

El diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para prohibir que se otorgue la ciudadanía argentina por naturalización a cambio de pagos, inversiones, aportes, donaciones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados.
El proyecto de Unión por la Patria busca derogar el régimen de “ciudadanía por inversión”, una opción que el Gobierno Nacional incorporó a la Ley de Ciudadanía N° 346 mediante el DNU 366/2025.
La ley original establece expresamente que ninguna contraprestación económica podrá reemplazar el requisito de residencia previsto por la Constitución Nacional.
El decreto de Milei modifica ese aspecto e introduce la opción para que personas millonarias puedan acceder a la ciudadanía argentina sin residir en nuestro país, solo pagando un aporte directo y no reembolsable de 350 mil dólares al Tesoro Nacional o a través de la suscripción de un título público por 800 mil dólares. El cambio también habilita, por un monto adicional, el otorgamiento de ciudadanía a cónyuges o hijos.
La modificación fue anunciada el pasado viernes por el Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.
La argentinidad no está a la venta
Poco tiempo luego de que se hiciera pública la modificación a la Ley de Ciudadanía, Unión por la Patria (UxP) respondió con un proyecto para su derogación.
“La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley. Ser argentino es pertenecer a una comunidad social, cultural y política, no adquirir un producto. La ciudadanía es un vínculo, no un servicio”, sostuvieron los diputados Rossi y Kelly Olmos en el texto del proyecto.
La moción prohíbe las transformaciones habilitadas por el Gobierno en la adquisición de la ciudadanía argentina, así como la emisión de títulos de deuda pública que otorguen a sus compradores el derecho a solicitar la ciudadanía o beneficios migratorios. Asimismo, establece explícitamente que el Estado no podrá contratar o asociarse con empresas o consultoras para promover o gestionar programas de ciudadanía a cambio de contraprestaciones económicas.
El proyecto de UxP cuestiona la constitucionalidad del mecanismo establecido en el decreto libertario. El texto firmado por Rossi y Olmos señala que la Constitución argentina le atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre naturalización y nacionalidad, y menciona pronunciamientos judiciales que declararon inválidas disposiciones del decreto.
Además, los diputados agregan que la iniciativa del Gobierno podría generar riesgos internacionales en relación al valor y reconocimiento del pasaporte argentino, así como mayores controles migratorios y financieros.
El diputado Rossi vinculó los cambios en la adquisición de ciudadanía con la extranjerización de tierras rurales argentinas. En ese sentido, el legislador enfatizó que obtener la ciudadanía por compra podría convertirse en una vía rápida para que extranjeros multimillonarios puedan eludir límites en la adquisición de nuestras tierras.
“La Argentina necesita inversiones, pero inversiones que se queden, generen empleo y paguen impuestos. El Congreso tiene la competencia exclusiva sobre la naturalización. Es su responsabilidad decir con claridad que la ciudadanía argentina no está en venta”, concluye el proyecto.
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