Este viernes vence el plazo que tiene Manuel Adorni para responder el requerimiento de la Justicia y justificar su patrimonio en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete ya había conseguido una prórroga de 15 días y ahora deberá presentar su descargo o solicitar una nueva extensión.
Según pudo saber TN, en la Justicia creen que Adorni podría pedir una nueva postergación, aunque hasta el momento no hay una presentación formal en ese sentido y habrá que esperar al vencimiento del plazo.
El motivo estaría relacionado con el acceso a parte del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos clave de la investigación. Adorni había solicitado obtener las conversaciones vinculadas con él para preparar su respuesta al requerimiento patrimonial y ese material le fue entregado la semana pasada.
En entorno de Adorni sostiene que las reparaciones en la casa de Indio Qua no costaron US$ 245 mil —tal declaró Tabar ante la Justicia— y por eso quiere acceder a todas las conversaciones y facturas que presentó el contratista.
Por ese motivo, una de las posibilidades que manejan en tribunales es que la defensa argumente que necesita una o dos semanas adicionales para analizar esa prueba antes de contestar los más de 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita.
La primera intimación había otorgado a Adorni 15 días para presentar las explicaciones. Antes de que venciera ese plazo, su defensa pidió más tiempo con el argumento de que necesitaba acceder a los archivos utilizados en la investigación. El juez Ariel Lijo hizo lugar al planteo y le concedió otros 15 días. Esa prórroga vence este viernes.
Qué tiene que explicar Adorni ante la Justicia
El requerimiento de justificación patrimonial busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado. La fiscalía analiza bienes, inversiones, créditos y deudas, pero también gastos, pagos en efectivo, movimientos en moneda extranjera y transferencias.
El eje central pasa por los US$200 mil que él mismo dijo haber invertido en Bitcoins en 2014, lo que le habría generado una ganancia de 300 mil dólares. La Justicia espera que pueda aportar documentos sobre las compras de esa criptomoneda y sus inversiones a lo largo de estos años.
Entre los principales puntos, Adorni deberá explicar de dónde salió el dinero para comprar un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La Justicia también puso la lupa sobre las refacciones realizadas en ambos inmuebles. En el caso de la propiedad del country, uno de los puntos centrales son los US$245.000 que, según el expediente, fueron abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda.
El fiscal le pidió que individualice el origen de las sumas utilizadas y aporte recibos y documentación respaldatoria. También deberá justificar los fondos empleados para comprar muebles destinados al departamento de Caballito, que habrían sido pagados en dólares y en efectivo.
Los viajes realizados por el grupo familiar son otro de los ejes. La investigación detectó desplazamientos a distintos destinos internacionales y gastos realizados tanto con tarjetas como en efectivo. Entre ellos aparece un viaje a Aruba, donde se registraron desembolsos por US$14.696.
El requerimiento también alcanza a otros gastos familiares, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y operaciones realizadas a través de terceros.
El análisis patrimonial determinó que Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51,7 millones y US$374.081 entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.
En total, los gastos relevados durante el período alcanzaron $272,8 millones y US$402.578. La fiscalía busca establecer especialmente de dónde provinieron los dólares utilizados, ya que el 92,9% de las erogaciones realizadas en moneda extranjera fueron abonadas en efectivo.
Otro punto bajo análisis es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar. Según el expediente, los recursos acreditados sumaron $229,7 millones, mientras que los egresos registrados llegaron a $272,8 millones: una diferencia superior a $43 millones.
La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el período investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones. La fiscalía detectó la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares y pidió explicaciones sobre su origen, condiciones y utilización.
Además, Adorni deberá responder por una tenencia declarada superior a US$500.000 y explicar qué activos vendió para obtener esas divisas, las fechas de las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad del dinero.
El requerimiento de justificación patrimonial es una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que Adorni presente sus explicaciones, la fiscalía deberá analizar si resultan suficientes. Si no lo fueran, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal.
