Cientos de familias del estado La Guaira afectadas por los terremotos del 24 de junio, denuncian que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) “ha generado un cuello de botella institucional que asfixia el derecho a la vivienda y a la restitución de las familias damnificadas”.
El programa de crédito social lanzado por el gobierno para atender a las personas que perdieron sus hogares, exige como requisito fundamental la presentación del título o documento de propiedad registrado del inmueble.
El plan hipotecario anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez establece un tope de 100 mil dólares y funciona de la siguiente manera:
- Para las viviendas que cuesten hasta 70 mil dólares, habrá un subsidio estatal de 80% y un crédito por el 20% restante a 25 años.
- Para las viviendas que cuesten entre 70.001 y 100 mil dólares, el subsidio alcanzará el 50% y la otra mitad se cubrirá con un préstamo bancario a 25 años.
En ambos casos, se establece un periodo de gracia por 12 meses, tasa de interés del 5% anual y tasa de interés por mora de 1% anual sobre las cuotas vencidas.
Tras el doblete sísmico, el Saren resolvió trasladar los archivos de La Guaira, declarada zona de desastre, a Caracas para digitalizarlos, lo que en la práctica dificulta las diligencias que deben completar los residentes del litoral central.
“Si bien comprendemos la relevancia técnica de la digitalización del archivo registral, la desproporción en el tiempo de procesamiento y el volumen masivo de expedientes centralizados en Caracas ha generado un cuello de botella institucional que asfixia el derecho a la vivienda y a la restitución de las familias damnificadas”, señalan.
Los afectados subrayan que “cada día de demora administrativa no es una simple dilación de trámite, es un día más en que una familia damnificada permanece excluida de la ayuda estatal a la que tiene derecho, únicamente por no contar con un documento que el propio Estado tiene retenido”.
Injusticia
Los damnificados solicitan al organismo dirigido por Abel Ernesto Durán Gómez, primo de la mandataria interina, que desarrolle jornadas especiales y simplifique los trámites que deben llevar a cabo para obtener los papeles.
En particular, demandan “el reconocimiento y protocolización de las operaciones de compraventa realizadas con anterioridad al evento sísmico, muchas de las cuales permanecen instrumentadas en documentos privados por causas ajenas a la voluntad de los adquirientes”.
Los afectados por los terremotos advierten que la falta de respuesta por parte de las autoridades “se traduce en un daño concreto, actual y continuado para cientos de familias que, careciendo de su documento de propiedad, permanecen excluidas de las ayudas y créditos de vivienda a los que tienen derecho por mandato del propio Ejecutivo nacional”.
