Los estados de Estados Unidos aprobaron decenas de leyes para proteger a los jóvenes en las redes sociales, pero el enfoque más utilizado —limitar el acceso mediante verificación de edad y consentimiento parental— es el que cuenta con menor respaldo científico sobre su efectividad, según un estudio publicado en el Journal of Policy Practice and Research por investigadores de la Universidad George Mason.
El trabajo ofrece uno de los primeros marcos sistemáticos para analizar el creciente mosaico de legislación estatal sobre redes sociales y salud mental juvenil en ese país. La investigación fue liderada por Melissa L. Villodas, profesora asociada del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Salud Pública de George Mason, junto a Natalia Acevedo, Michael Wheeler, Fadi Hamati —del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Columbia Cornell en New York-Presbyterian— e Ishita Kapur, de la Universidad de Tennessee.
El equipo analizó mediante análisis de contenido cualitativo 16 leyes promulgadas en 10 estados, extraídas de congress.gov en noviembre de 2024. De ese total, solo seis estaban siendo activamente aplicadas al momento del análisis; las demás enfrentaban bloqueos judiciales, en muchos casos por colisionar con la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Del análisis emergieron tres grandes categorías de política. La primera y más frecuente es la de control de acceso: agrupa medidas como el consentimiento parental para crear cuentas, la verificación de edad, las restricciones de acceso a internet en las escuelas y, en el caso de Montana, un intento de prohibición de TikTok que fue bloqueado judicialmente.
La segunda categoría apunta a reducir la exposición a contenidos potencialmente dañinos, a través de restricciones a la publicidad dirigida a menores, limitaciones a funciones de diseño que pueden generar adicción y herramientas de control parental. La tercera, la menos representada, es la alfabetización mediática: solo una ley, aprobada en Florida, exige que las escuelas enseñen a los estudiantes de los grados 6 a 12 los efectos sociales, emocionales y físicos del uso de redes sociales, incluyendo la adicción, la desinformación, el ciberacoso y la seguridad en línea.
La paradoja central del estudio es que la jerarquía de popularidad legislativa es inversa a la jerarquía de evidencia científica. Las políticas de acceso —las más comunes— tienen el respaldo empírico más débil. Estudios internacionales citados en el trabajo, realizados en Australia del Sur con 1.319 adolescentes y en Inglaterra con 1.227 jóvenes de entre 12 y 15 años en 30 escuelas, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la salud mental de los jóvenes entre escuelas con restricciones de teléfonos y escuelas sin ellas.
“Muchos estados se han centrado en medidas como el consentimiento paterno y la verificación de edad, pero la evidencia sobre la eficacia de estas estrategias aún es limitada”, declaró Villodas, según informó la Universidad George Mason.
Las políticas de reducción de exposición cuentan con un respaldo algo más sólido, aunque todavía contradictorio. Los algoritmos que exponen a jóvenes vulnerables a contenido extremo se asocian con mayor riesgo de trastornos alimentarios, mala imagen corporal y conductas suicidas, lo que da sustento a las restricciones sobre prácticas de diseño adictivo. En siete de las 16 leyes analizadas aparece el código de “prácticas de diseño”, que prohíbe a las plataformas utilizar funciones que la empresa sabe —o debería saber— que generan adicción en usuarios menores.
La alfabetización mediática, en cambio, concentra algunas de las evidencias más prometedoras pese a su escasa presencia legislativa. Investigaciones sobre intervenciones escolares muestran beneficios en síntomas depresivos y conductas alimentarias, aunque con variaciones según el género y el contexto demográfico. El estudio señala, no obstante, que la ley de Florida no obliga a enseñar los aspectos positivos de las redes sociales —como el sentido de comunidad o el compromiso cívico—, lo que podría limitar su efectividad al presentar solo una visión parcial del fenómeno.
El trabajo también identifica un problema estructural en la legislación existente: las leyes que restringen el acceso de los menores a contenidos “dañinos” dependen de definiciones subjetivas de lo que constituye un daño, lo que las expone tanto a disputas políticas como a impugnaciones legales. “La legislación sobre redes sociales está llena de debate, desafíos de implementación y dilemas éticos”, señala el estudio. Leyes de Utah, California y Arkansas fueron bloqueadas por tribunales que consideraron que vulneran la libertad de expresión.
El contexto internacional añade presión al debate. El Reino Unido tiene su Age-Appropriate Design Code, la Unión Europea aplica el Reglamento General de Protección de Datos y Australia aprobó una prohibición total de redes sociales para menores de 16 años. En Estados Unidos, la prohibición temporal de TikTok a nivel federal en 2025 fue el único movimiento de alcance nacional. A nivel estatal, Nueva Jersey aprobó en agosto de 2026 un paquete de tres leyes que incluye la creación de un Centro de Investigación sobre Redes Sociales, restricciones a la publicidad dirigida a menores y nuevas protecciones de privacidad, con entrada en vigor prevista para septiembre de 2027.
“La mayoría de las investigaciones sobre este tema se han centrado directamente en cómo las redes sociales afectan la salud mental de los jóvenes”, afirmó Villodas. “Queríamos comprender qué están haciendo realmente los gobiernos estatales al respecto, si esos enfoques están respaldados por la evidencia existente y dónde se necesita investigación adicional”.
