El ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control de la Dirección Nacional de Vialidad Fernando Abrate declaró en indagatoria en la causa Vialidad 2 que no analizó los pliegos, ni los precios ni el trámite de licitaciones viales de Santa Cruz. Precisó que su tarea era la homologación de los contratos “porque todo lo actuado por la provincia necesitaba una resolución del administrador”.
Abrate llegó a este juicio como uno de los presuntos responsables de intervenir en al menos 13 expedientes de licitación. Según la imputación, habría evitado realizar el seguimiento de los convenios, lo que favoreció a las empresas de Lázaro Báez en perjuicio del Estado Nacional, que debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados para hacer frente a sus incumplimientos.
Durante el interrogatorio del fiscal Diego Luciani, respondió que la Resolución 1.005/2004, relacionada con la metodología de verificación que debía aplicarse en los convenios entre Nación y provincias, se aplicó en Santa Cruz con la intervención del área jurídica en todas las resoluciones que se hacían.
La fiscalía objetó que esa explicación no era suficiente y concentró las preguntas en los documentos donde aparecían las firmas de Abrate, dentro de los procedimientos de homologación. El acusado reconoció que las actuaciones pasaron por su oficina, aunque insistió en que no implicaban una evaluación del proceso licitatorio.
Declaración indagatoria suspendida
El exfuncionario de Vialidad Nacional sostuvo que su participación era “totalmente administrativa”, se limitaba a registrar información presupuestaria y administrativa antes de que el administrador del organismo firmara las resoluciones.
Luciani orientó las preguntas sobre la intervención de Abrate dentro del circuito que terminaba con la homologación de lo actuado por la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP). El imputado explicó que Santa Cruz realizaba la licitación, evaluaba las ofertas y elevaba una propuesta a la Dirección Nacional de Vialidad.
Según su descripción, su gerencia verificaba que la obra tuviera presupuesto y que fuera consistente con los convenios vigentes. Luego, el expediente continuaba hacia Administración, Jurídicos y, finalmente, el administrador del organismo.
En ese sentido, Abrate aclaró que “cuando nosotros íbamos a hacer los convenios, analizábamos el presupuesto. Una vez que analizamos el presupuesto, todo el resto de la obra lo tenían que analizar las cuatro áreas”.
El fiscal exhibió documentación vinculada a una obra adjudicada a Kank y Costilla por más de $ 613 millones, y le consultó a Abrate si había evaluado que el precio se ajustara a valores de mercado, cómo se había desarrollado el proceso licitatorio y si había tenido en cuenta el plazo de 14 días otorgado para presentar ofertas.
El imputado contestó que no recordaba el expediente en particular y sostuvo que el análisis de la licitación correspondía a la vialidad provincial. Ante la pregunta sobre el plazo para ofertar, aclaró que no conocía la normativa santacruceña, aunque expresó una consideración general.
Frente a la reiteración de preguntas sobre licitaciones específicas, Abrate admitió que no recordaba los expedientes por los que está imputado en este proceso y pidió tiempo para revisar los expedientes completos y continuar con su indagatoria. Argumentó que “cuando uno saca la foto, no ve la película”.
El tribunal dio por finalizado el interrogatorio y anticipó la continuidad del debate con prueba testimonial. Para el lunes próximo fue citado a declarar Marcelo Bianchi, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Vialidad.
El juicio
El juicio Vialidad 2, a cargo del Tribunal Oral Federal 2, analiza el presunto direccionamiento de casi el 80 % de las obras viales contratadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015, por más de $ 46.000 millones. La acusación apunta a irregularidades en licitaciones, homologaciones, controles y pagos que habrían favorecido al Grupo Báez.
Los imputados son los ex funcionarios de Vialidad Nacional Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Norberto Abrate, procesados como coautores de administración fraudulenta agravada contra la administración pública.
En la última audiencia, el ex gerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad y luego subadministrador general de Vialidad Nacional, Sandro Férgola, fue llamado al banquillo para prestar indagatoria, ocasión en la que se remitió a su declaración durante la etapa de instrucción.
En 2017, el ex funcionario negó haber participado en decisiones para asignar obras o fondos en Santa Cruz. Sostuvo que, como gerente, solo controlaba aspectos técnicos y no licitaciones ni cuestiones jurídicas. Afirmó que los pagos eran reintegros a la AGVP y que, como subadministrador, no intervino en convenios, homologaciones ni anticipos.
