Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner aseguran que una nueva reconstrucción del destino de los fondos del fideicomiso contradice el fundamento de la condena en la causa Vialidad. La estrategia contempla una revisión en la Justicia argentina y una presentación ante la ONU.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes 15 de septiembre el hallazgo de nueva documentación que, según sus abogados, pone en cuestión uno de los fundamentos centrales de la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad. El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes también anticiparon los próximos pasos de la estrategia judicial.

El nuevo elemento está vinculado con la distribución de los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2015. La información surgió a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa Cuadernos. A partir de ese testimonio, la defensa pudo reconstruir cómo se repartieron los recursos durante el período investigado.

Para los abogados, ese análisis permite discutir la interpretación que se utilizó para condenar a Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de fondos hacia empresas vinculadas con Lázaro Báez.

El destino de los fondos, en el centro de la discusión

Durante la conferencia, Beraldi cuestionó el modo en que se interpretó el decreto 54/2009, al que la sentencia habría atribuido un papel central en la presunta utilización irregular de los recursos del fideicomiso.

Según el abogado, la norma tenía un alcance general y no fue diseñada para beneficiar exclusivamente al empresario Lázaro Báez. La defensa sostiene que la reconstrucción de la distribución de los fondos aporta elementos para revisar esa interpretación.

“Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto que era el 54, haciéndonos creer que ese decreto solo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez”, afirmó Beraldi.

El letrado también recordó que durante el juicio la defensa había intentado incorporar una pericia contable para determinar el destino de los recursos, pero que esa prueba fue rechazada. A partir de allí, cuestionó la valoración de la evidencia y calificó la sentencia como injusta.

Qué porcentaje recibió el Grupo Austral

El estudio presentado por la defensa fue elaborado por un grupo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda, según explicó Rafael Valim.

De acuerdo con el análisis expuesto durante la conferencia, entre 2009 y 2015 se distribuyeron más de 2.000 millones de dólares provenientes del fideicomiso. De ese monto, el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, habría recibido el 0,85 por ciento, es decir, alrededor de 18 millones de dólares.

Valim comparó esa cifra con los aproximadamente 360 millones de dólares que, según la presentación, habría recibido IECSA, una empresa mencionada durante la conferencia. Esa diferencia es utilizada por la defensa para cuestionar que el decreto 54/2009 haya tenido como objetivo beneficiar particularmente a Austral.

“Ahora se deja claro que no hay ningún fundamento fáctico para condenar a la presidenta Cristina”, sostuvo el abogado brasileño, quien definió el hallazgo como un “giro decisivo”.

Los porcentajes y montos forman parte del análisis presentado por la defensa y constituyen el eje de su nuevo planteo judicial.

La estrategia judicial: revisión en Argentina y presentación ante la ONU

Los abogados anticiparon que la primera vía será solicitar la revisión de la condena ante la Justicia argentina. Beraldi explicó que analizan mecanismos previstos en los códigos procesales y que la presentación podría incluir un pedido para suspender la ejecución de la sentencia.

La segunda instancia será el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La defensa ya había presentado allí un reclamo contra distintos aspectos de la condena, entre ellos la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Vamos a llevar esta prueba al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, confirmó Beraldi. Según explicó, el organismo podría analizar el caso en octubre.

Borrego, en tanto, resumió la estrategia en tres vías: la revisión judicial en la Argentina, el reclamo ante Naciones Unidas y una tercera vinculada con la discusión política del caso.

La nueva documentación abre, para la defensa, una discusión sobre el fundamento fáctico de la condena en Vialidad. El planteo deberá ser evaluado por las instancias judiciales correspondientes y por el organismo internacional ante el que ya existe una presentación.

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