En el marco del expediente caratulado “ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. s/QUIEBRA” (COM 024424/2023), que tramita ante el Juzgado Comercial Nº 29, Secretaría Nº 58, la firma Vicentin S.A.I.C. formalizó una presentación clave para quedarse con la totalidad del patrimonio de la fallida.
Con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Javier Ruiz y la representación de su apoderado Leandro Salvatierra, la compañía presentó una mejora irrevocable, vinculante e incondicionada a su propuesta originaria, elevando el precio global de adquisición de US$ 2.500.000 a un total de US$ 3.500.000.
Para dar respaldo de seriedad al ofrecimiento, la empresa acreditó la constitución de una garantía de mantenimiento de oferta por el 10% del total (US$ 350.000), depositada en moneda nacional en la cuenta judicial del Banco Ciudad (Sucursal 75) al tipo de cambio vendedor del Banco Nación.
En el escrito, la oferente solicitó formalmente al juez interviniente que disponga la adjudicación directa de los bienes.
Subsidiariamente, solicitó que, en caso de abrirse un proceso licitatorio o de mejora de ofertas con terceros, se le reconozca expresamente un derecho de preferencia o “last refusal” para igualar en una única oportunidad final la mejor propuesta económica que se presente.
El atractivo de la operación no solo radica en la capacidad instalada de los establecimientos industriales, sino también en el valioso portfolio de marcas de postres y refrigerados que estaban bajo el control de la fallida.
La propuesta económica abarca desde la línea completa de postres “Sancor Flan” —en sus variantes casero, light, con caramelo y dulce de leche— hasta los derechos operativos y la licencia de uso de la emblemática marca “SANCOR”.
La continuidad de estos signos distintivos, sumada a los permisos, registros y protocolos de elaboración, resulta indispensable para reactivar de inmediato la producción y recuperar el posicionamiento comercial en las góndolas de todo el país.
El desglose de los activos y la valuación interna de la propuesta
Aunque Vicentin aclaró de forma enfática que su oferta es indivisible y por la “universalidad de los activos”, la presentación judicial incluyó una discriminación económica interna con el fin de transparentar la composición del precio y permitirle a la Sindicatura evaluar su razonabilidad frente a otros interesados:
- Planta Industrial de Arenaza (Buenos Aires): Valuada en US$ 1.150.000. Incluye el inmueble, sus maquinarias, instalaciones y un paquete de marcas de la línea “Sancor Flan” (variedades casero, light, con caramelo y dulce de leche).
- Planta Industrial de Monte Cristo (Córdoba): Asignada en US$ 1.700.000. Comprende el establecimiento productivo, sus equipos y las instalaciones que funcionaban como centro de distribución.
- Marcas, licencias y signos distintivos: Valuados en US$ 625.000. Incluye la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la fallida, abarcando de forma explícita los derechos derivados del contrato de licencia de uso de la marca “SANCOR” firmado en septiembre de 2016 con Sancor Cooperativas Unidas Ltda..
- Rodados y bienes muebles menores: Asignados en US$ 25.000, abarcando la flota de vehículos, muebles, insumos, envases y repuestos.
El argumento legal para evitar el desmembramiento de la empresa
En los fundamentos de la presentación, la representación legal de Vicentin remarcó que su propuesta es la única en el expediente que respeta el orden preferente fijado por el artículo 204, inciso b), de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).
Dicha normativa exige priorizar la enajenación en conjunto de los bienes que integran el establecimiento frente a la venta singular o desmembrada.
De acuerdo con el escrito, las ofertas parciales presentadas por otros competidores —como Elcor S.A. o un grupo de inversores particulares por inmuebles específicos— fragmentan la unidad productiva y obligan a la quiebra a quedarse con activos residuales de difícil realización, lo que genera costos de conservación y administración.
“La enajenación conjunta de las plantas industriales con las marcas preserva la unidad funcional y productiva, otorgando un valor económico sustancialmente superior al de la venta por partes”, argumentó la empresa, subrayando que la reactivación industrial tendría un impacto social directo en la preservación de puestos de trabajo en Lincoln y Monte Cristo.
La disputa por el derecho de igualación frente a competidores
Un punto neurálgico del escrito es la fundamentación del derecho de preferencia para igualar ofertas competitivas.
Para sostener este pedido, Vicentin argumentó su triple condición de principal acreedor de la fallida, de ser el único oferente por la totalidad del activo y de haber inmovilizado efectivamente fondos líquidos mediante el depósito del 10% de la garantía.
Para demostrar la superioridad económica de su postura, la empresa comparó sus asignaciones internas con las propuestas parciales que ya constan en el expediente:
- Por la Planta de Arenaza y marcas de flan, Elcor S.A. ofreció US$ 1.000.000, mientras que la asignación de Vicentin asciende a US$ 1.150.000.
- Por el resto de las marcas de la fallida, Elcor S.A. ofertó US$ 450.000, frente a los US$ 625.000 asignados por Vicentin.
- Por el inmueble de la planta de Córdoba, un grupo de particulares (Márquez, Sferco, Rivarola, Manso, Villafañe y Kupferman) presentó un ofrecimiento de US$ 1.500.000, superado por los US$ 1.700.000 fijados en la oferta global de Vicentin.
La empresa sostuvo que no otorgarle la facultad de igualación desincentivaría la presentación temprana de ofertas serias en procesos de quiebra.
Asimismo, se comprometió a reajustar o dolarizar la garantía ante eventuales fluctuaciones en el tipo de cambio oficial del Banco Nación, de modo que el depósito mantenga siempre la proporción exacta del 10% respecto de la oferta final.
Con la mejora presentada, la decisión queda ahora en manos del Juzgado Comercial Nº 29.
