La presentación en las últimas horas de Vicentin SAIC en el expediente de quiebra de Alimentos Refrigerados SA pone un punto en la disputa por los activos de la láctea.

El escrito ingresado por su apoderado, Leandro Salvatierra, eleva la oferta inicial de 2,5 millones de dólares a un total de 3,5 millones por las dos plantas industriales de Arenaza, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y Monte Cristo, en cercanías de la ciudad de Córdoba, además de las marcas y signos distintivos, los bienes muebles y rodados que quedaron.

La firma acompañó la mejora con el depósito de una garantía equivalente al diez por ciento del precio, unos 350 mil dólares, para reforzar la seriedad de la propuesta y remarcar su carácter irrevocable.

La propuesta llega a poco de la presentación de otro grupo empresario cordobés, que incluso había ofrecido el pago total de la oferta de inmediato. El planteo sostiene que la oferta integral asegura la preservación de la unidad productiva y evita la dispersión de bienes residuales de difícil realización.

En el desglose, Vicentin asigna 1,15 millones de dólares a la planta de Arenaza junto con las marcas de flan casero, 1,7 millones a Monte Cristo, 625 mil a las marcas restantes y 25 mil a rodados y existencias. Cabe destacar que ARSA está paralizada hace unos tres años.

La empresa subraya que su propuesta supera las parciales ya presentadas por otros interesados y que garantiza un piso cierto de realización para los acreedores.

Lo que no se destaca ahí es que la firma Vicentin, en su conformación anterior, fue responsable de la empresa, incluyó al fondo de inversión BAF Capital en la firma y terminó siendo responsable de la mala gestión que la llevó a la quiebra, destinos similares al de SanCor Cooperativas Unidas Limitada y La Suipachense, solo para nombrar a las empresas del sector lechero con similar destino. Claro que BAF también intervino en Vicentin y su destino conocido.

El punto más controvertido que hacen en el escrito es la solicitud de un derecho de preferencia para igualar cualquier oferta que pudiera surgir en un eventual procedimiento competitivo.

Vicentin argumenta que, como principal acreedor y único oferente integral -lo cual no es cierto-, merece esa facultad para evitar que el proceso “premie conductas expectantes y desincentive ofertas tempranas” respaldadas con garantías efectivas.

La compañía pide que, si se abre una instancia de mejora de propuestas, se le conceda una única oportunidad final de igualar la mejor oferta firme y admisible, bajo idénticas condiciones de pago y garantías.

La discusión se inscribe en un expediente donde el juez Federico Güerri ya había marcado límites claros al rechazar la compra directa pretendida por Nueva Vicentin, en defensa de la transparencia y la igualdad de condiciones. En aquella resolución, el magistrado sostuvo que la liquidación debía encuadrarse en el procedimiento competitivo y que no correspondía habilitar privilegios que desnaturalizaran el proceso.

La nueva presentación de Vicentin, con su reclamo de preferencia donde se reconoce públicamente la pertenencia a la anterior empresa, vuelve a poner en tensión la necesidad de maximizar el recupero de la masa con la obligación de garantizar un marco equitativo para todos los oferentes. Incluso esta intención dejaría en el camino a un pretendiente que fuera socio en su momento de los nombres mencionados dentro de la Nueva Vicentin, en tiempos de avanzar sobre SanCor, como es el caso de Jorge Estévez, quien también había manifestado intenciones de compra en cuanto a los activos de ARSA.

El escrito enfatiza que la oferta integral no solo representa un beneficio inmediato para los acreedores, sino que también proyecta efectos sobre el entramado económico y social de las localidades de Lincoln y Monte Cristo, al preservar la actividad productiva y las fuentes de trabajo. La empresa plantea que la adjudicación conjunta de las plantas y las marcas permitiría reactivar las líneas de producción bajo las mismas insignias comerciales, aprovechando la capacidad instalada y los canales de distribución.

En definitiva, la definición judicial no solo resolverá quién se queda con las plantas y las marcas de ARSA, sino también qué modelo de liquidación prevalece: uno que privilegie la integralidad y la rapidez de la operación o uno que sostenga la competencia abierta y transparente entre los distintos actores del sector lácteo.

La pulseada entre la pretensión de Vicentin y la doctrina ya fijada por el juez pone a prueba los privilegios en los procesos concursales del sector lechero y el equilibrio de la maximización del recupero en tiempos en los que la actividad necesita más capacidad de proceso.