El 17 de marzo, un año después de haber presentado su notificación, se hizo efectiva la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Más allá de lo que se piense de esa decisión, el hecho resolvió una cuestión pero dejó otra intacta: la Argentina ya no se sienta en esa mesa de la OMS, pero se sigue viendo afectada por lo que allí se decide.
Consideremos un ejemplo que hemos estudiado durante el último año. Desde 2017, la OMS opera un “Sistema de Vigilancia de Ataques a la Atención de la Salud” que actualmente abarca 26 países y territorios. Las oficinas de la ONU confían en él, los relatores especiales de las Naciones Unidas lo citan en sus informes oficiales, las organizaciones no gubernamentales construyen sus propias bases de datos a partir de sus cifras y sus cifras son consideradas en procesos judiciales internacionales. Las cifras del Sistema de Vigilancia de la OMS se presentan como «verificadas». Nuestros hallazgos, publicados por la Henry Jackson Society y The Hague Initiative for International Cooperation, demuestran que esas cifras carecen prácticamente de sentido.
Comencemos por la palabra «ataque». En el derecho de los conflictos armados, un ataque es un acto de violencia vinculado a una guerra. La OMS lo define como cualquier acto de violencia verbal o física, amenaza de violencia, violencia psicológica u obstrucción que interfiera con los servicios de salud, lo cual incluye insultos, arrestos, detenciones y registros de seguridad. Según la propia metodología escrita de la OMS, un médico demorado en un puesto de control que llega tarde a su guardia puede quedar registrado como víctima de un «ataque a la atención de la salud». En toda la base de datos, menos de uno de cada diez eventos registrados implica un fallecimiento.
Analicemos entonces qué es lo que certificaría el término «verificado». El personal de la OMS evalúa el grado de certeza de que un hecho efectivamente ocurrió. No cotejan las muertes ni los heridos reportados con certificados de defunción u historiales médicos, ni tampoco determinan quién fue el responsable. La palabra se aplica meramente a la ocurrencia de un incidente y a nada más.
Las consecuencias erróneas operan en ambos sentidos. El ataque ruso contra el hospital infantil Okhmatdyt en Kiev, en julio de 2024, figura con cifras de víctimas muy por debajo de las que el Consejo de Seguridad de la ONU debatió días después: un “subregistro” de la conducta rusa. En contraste, el registro individual más mortífero de toda la base de datos es la explosión de octubre de 2023 en el hospital Al-Ahli Arab en Gaza, atribuida en cuestión de horas a Israel, antes de que el análisis forense determinara que se trató de un cohete palestino cuyo lanzamiento falló desde el interior de Gaza. Permanece tal como se registró inicialmente, y ningún Estado cuenta con medios para impugnarlo.
El sistema tampoco puede detectar aquello que no se le presenta. Depende de las oficinas locales de la OMS y de socios territoriales previamente identificados; por ende, lo que mide es la voluntad y la capacidad de las redes locales para denunciar, no la violencia en sí. La organización Physicians for Human Rights ha documentado una represión generalizada contra los trabajadores de la salud en Myanmar desde el golpe de Estado de 2021; la OMS posee apenas 519 registros sobre Myanmar en toda su historia. Irak ingresó al sistema en 2018 con 36 eventos y luego no registró nada durante siete años. Nagorno Karabaj tiene una sola entrada, fechada en 2020, a pesar del bloqueo del corredor de Lachín y la campaña de 2023 que desplazó a casi la totalidad de su población armenia. Un gobierno que reprime las denuncias se ve premiado con una apariencia de calma. En una muestra aleatoria de registros, pudimos corroborar menos de uno de cada diez con fuentes públicas.
Nada de esto constituye un argumento en contra del monitoreo de los ataques a la salud. El personal sanitario en zonas de guerra necesita protección, y esa causa se fortalece —no se debilita— con evidencia que resiste un examen riguroso. El argumento es más acotado: un sistema construido de esta manera no puede respaldar comparaciones entre conflictos, atribuciones de responsabilidad ni conclusiones jurídicas.
Lo cual nos devuelve a la posición de la Argentina. Un país que se ha retirado de la OMS no queda por ello blindado de lo que la OMS publica. Estas cifras continúan moldeando los procesos judiciales internacionales en La Haya, las resoluciones de la ONU en Nueva York y los supuestos de la prensa en todo el mundo, incluso en asuntos donde la Argentina tiene intereses directos, desde el financiamiento del terrorismo hasta la persecución de aquellos responsables por atrocidades cometidas en suelo argentino. La salida resta a un país del debate sobre cómo se construye dicha evidencia, pero no lo exime de sus consecuencias.
Se trata de una posición incómoda, que la Argentina comparte ahora con los Estados Unidos. También sugiere dónde reside el margen de maniobra restante. La Argentina conserva su voz en el sistema de las Naciones Unidas y en las alianzas bilaterales que su gobierno sostiene que reemplazarán la membresía en la OMS. La cuestión de qué mide realmente este conjunto de datos sobre vigilancia sanitaria de la OMS —y qué conclusiones honestas pueden extraerse de él— puede plantearse en ambos ámbitos.
Cuatro reformas resolverían la mayor parte del problema. Reemplazar la palabra «ataque», de fuerte carga jurídica, por un lenguaje neutro como «alteraciones en la atención de la salud». Aclarar de manera prominente que los datos no respaldan comparaciones entre países ni atribuciones de responsabilidad legal. Verificar los fallecimientos y las lesiones reportadas, algo que la presencia de la OMS a nivel nacional ya permite realizar. Y establecer un derecho de réplica público para los Estados descriptos en estos registros.
Abandonar una institución es una forma de señalar que no ha estado a la altura. Exigirle que recuente con honestidad es otra, y para eso no hace falta ocupar una banca.
