El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino de manera directa en el conflicto por la crisis en la empresa avícola Granja Tres Arroyos.
A través de la resolución firmada por el ministro Walter Correa, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles —con posibilidad de prorrogarse por otros cinco— tras el despido de 1200 operarios que dispuso la firma y su asociada Wade.
La medida del gobierno de Axel Kicillof retrotrae las cesantías y obliga a la firma a restituirlos a sus puestos habituales de tareas mientras se extienden las conversaciones entre las partes.
La decisión oficial se concretó durante una audiencia que convocó a representantes de la empresa y a dirigentes del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIAPBA).
La crisis impacta con fuerza a distintos puntos del territorio bonaerense: el recorte impactó de lleno en la planta de Capitán Sarmiento con 700 cesantías, alcanzó a 450 empleados en el establecimiento de Esteban Echeverría y sumó otros 50 despedidos en las instalaciones ubicadas en el partido de Pilar.
El encuentro no solo sumó la presencia de autoridades provinciales como Ariel Aguilar, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción, sino que también demandó la asistencia de funcionarios municipales directamente afectados por el impacto socioeconómico de los cierres en sus distritos.
Entre ellos, estuvieron presentes la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado, y Alejandro Bonomo en representación de Esteban Echeverría, quienes acompañaron la búsqueda de mecanismos de contención institucionales para evitar una escalada de la conflictividad en los municipios.
Granja Tres Arroyos: se abre una mesa de negociación
Con la premisa fundamental de garantizar la paz social e impedir el desmantelamiento de las plantas productivas, el marco regulatorio impuesto por el Estado provincial abrió un período de tregua forzosa.
En ese contexto, se acordó una serie de medidas paliativas de emergencia para amortiguar el impacto económico sobre las familias damnificadas.
Entre los compromisos asumidos, la compañía aceptó el otorgamiento de un pago a cuenta que se efectivizará en el transcurso de la próxima semana, acompañado por la entrega y donación de 1000 cajones de pollo destinados directamente a los 1200 trabajadores afectados.
El próximo paso formal del proceso administrativo se llevará a cabo el jueves 10, cuando el Ministerio de Trabajo encabezará una nueva audiencia presencial entre las autoridades del gremio Stiapba y la conducción ejecutiva de las empresas en crisis.
Durante esa segunda cita, las partes procurarán destrabar la discusión de fondo, evaluar la sustentabilidad del negocio avícola y buscar una salida concertada que permita preservar de manera definitiva la totalidad de los puestos de trabajo en las distintas localidades bonaerenses.
