A lo largo de la historia argentina, distintos “culpables” han sido señalados para explicar los cíclicos fracasos y frustraciones del país. Uno de los momentos fundamentales fue la Acordada de la Corte Suprema del 10 de septiembre de 1930. Sin dudas, uno de los episodios más oscuros de la Argentina. A partir de aquella decisión (cuyo antecedente fue el fallo “Martínez, Baldomero c/ Otero” de 1865) se reforzó una discusión central para nuestro derecho constitucional: la relación entre el poder efectivo y el orden jurídico. En otras palabras, qué ocurre cuando los hechos se apartan del derecho y las instituciones deben responder frente a una situación que ya existe en la realidad.
La Acordada fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia dictada pocos días después del golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. El nuevo gobierno de facto disolvió el Congreso y avasalló las autonomías provinciales. Sin embargo, quienes habían tomado el poder necesitaban algún fundamento que permitiera revestir de legalidad el nuevo orden político. Tenían la fuerza, pero necesitaban la legitimidad legal. La Corte reconoció la existencia de una situación de facto y estableció determinados criterios para la validez de los actos de las autoridades surgidas de aquella situación. El golpe marcó el primer quiebre institucional del siglo XX en el país y dio inicio al período conocido como la Década Infame.
Algunas posiciones sostienen que los jueces de la Corte no tenían otra alternativa porque no podían cambiar el curso de la historia o porque si se oponían a legitimar al régimen hubieran sido desplazados de sus cargos para ser reemplazados por otros jueces más adictos al régimen. Lamentablemente, esas posiciones deferentes al uso de la fuerza son las que sobreviven en la actualidad. Hoy vemos muchos funcionarios en diferentes niveles de gobierno que se muestran en contra las políticas oficiales, pero siguen ocupando sus cargos y cobrando sus salarios.
La doctrina de facto puede ser entendida, así, como una expresión de la tensión entre el ser y el deber ser; entre aquello que efectivamente ocurre y aquello que el orden jurídico establece que debería ocurrir; entre aquello que se dice y lo que se hace.
Esta cuestión continúa siendo relevante para nuestra cultura jurídica y política. Implica una lógica de los fines, propia de las situaciones de emergencia, según la cual la necesidad de alcanzar determinados objetivos puede llevar a relativizar la importancia de los procedimientos y límites institucionales. Las distintas experiencias de ruptura del orden constitucional muestran las consecuencias que puede tener esa concepción.
Cuando se analiza la historia argentina, cuesta entender por qué ciertas anomalías institucionales pudieron sostenerse durante tantos años. Y aquí surge un punto interesante: la capacidad (o incapacidad) de muchos profesionales, funcionarios, operadores del derecho, militantes políticos y/o líderes para establecer límites a su propia participación. Albert Camus ya explicaba que un hombre rebelde es quien dice que “no”, pero cuya rebelión va acompañada de la sensación de tener de alguna manera y en alguna parte, razón.
Cuando una persona es convocada a formar parte de un gobierno o de una estructura institucional, no solamente aporta sus conocimientos técnicos: también contribuye, de algún modo, al funcionamiento de esa estructura. Por eso, en determinadas circunstancias, la posibilidad de decir “no” puede constituir una forma de responsabilidad institucional.
La cuestión no pasa por exigir una perfección moral que nadie posee, sino por reconocer que el conocimiento técnico no es suficiente para garantizar un buen desempeño político. Uno puede ser técnicamente intachable y, sin embargo, equivocarse respecto del sentido y las consecuencias de aquello que está contribuyendo a realizar.
Un buen ejemplo es la película Lo que queda del día (1993). En ella se comprende que los liderazgos políticos (en ese caso un diplomático) no deben guiarse por una lógica productivista o gerencial, muy propia del sector privado, sino por una lógica más estratégica, de posicionamiento simbólico y de largo plazo. En esta obra se aprecia cómo un trabajador de aparentes oficios manuales menores hace mucho mejor su trabajo que un importante diplomático pero que carece de carácter moral. Muchos políticos hoy son excelentes administradores, gestores y técnicos, pero hacen mal el trabajo por el cual les pagamos: el trabajo político. Administrar supone hacer las cosas bien; liderar en política supone, además, preguntarse cuáles son las cosas que deben hacerse.
Los límites de la tecnocracia en política han sido trabajados, entre otros, por el profesor de Harvard, Michael Sandel. El conocimiento especializado es indispensable para la gestión pública, pero no puede reemplazar el juicio político acerca de los fines y los límites de la acción estatal.
En este sentido, la discusión sobre la doctrina de facto, las situaciones de emergencia y el uso de los decretos de necesidad y urgencia puede ser pensada desde una misma preocupación: cómo preservar los límites constitucionales frente a la presión que ejerce el poder político para alcanzar determinados objetivos.
El problema, entonces, no es exclusivamente el de un partido, un gobierno o una ideología. Es una cuestión más profunda: qué concepción tenemos acerca de la relación entre poder y derecho. Estos desafíos se vuelven más interesantes con el uso de la inteligencia artificial: aumentan nuestras capacidades técnicas, pero sin formación de carácter moral habrá dificultades.
El verdadero desafío del derecho y la política consiste en impedir que la imposición del poder se convierta en fuente de legitimidad. Muchos creyeron encontrar en el peronismo la causa de todos los males de la Argentina, pero confundieron una causa con una consecuencia. La lógica anti institucional y el culto idolátrico al poder atraviesan a espacios políticos muy diversos. Por eso la misma lógica que estuvo detrás de la Acordada de 1930 reaparece, con distintos rostros, en nuestra política actual. El verdadero enemigo es creer que la fuerza puede sustituir a la razón y que quien puede imponerse tiene, por ese solo hecho, derecho a hacerlo. Es la vieja tesis de Trasímaco frente a Sócrates en La República: la justicia es aquello que conviene al más fuerte. Contra esa idea se construyó el constitucionalismo.
