Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor emitieron este martes tres dictámenes diferentes para abordar la creciente morosidad de los hogares. El oficialismo consiguió el despacho de mayoría, mientras que dos sectores de la oposición plantearon esquemas con refinanciaciones y límites a las tasas.
La Cámara de Diputados dio este martes un nuevo paso en la discusión por el endeudamiento y la morosidad de las familias, pero sin alcanzar un acuerdo común: las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor cerraron el tratamiento con tres dictámenes diferentes que ahora podrán ser llevados al recinto.
La Libertad Avanza, junto con el PRO y la UCR, reunió 32 firmas, dos de ellas en disidencia, y se quedó con el dictamen de mayoría. Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica acordaron un segundo texto con 27 firmas, mientras que Argentina Federal presentó una tercera alternativa, respaldada por dos diputados.
Ninguna de las propuestas es todavía una ley ni constituye un texto definitivo. La diferencia entre obtener el dictamen de mayoría y reunir los votos necesarios para aprobarlo en el pleno será central cuando el tema llegue al recinto.
El debate parlamentario se produce en medio del fuerte crecimiento de la morosidad de los hogares, una problemática que La Jornada viene siguiendo desde agosto y que también llevó a Córdoba a implementar su propio programa de alivio y refinanciación de deudas.
El oficialismo apuesta a la prevención y la transparencia
El dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza pone el foco principalmente en la educación financiera, la transparencia de las condiciones de crédito, la prevención del sobreendeudamiento y la protección frente al fraude digital.
A diferencia de los otros dos textos, no establece un régimen obligatorio de refinanciación para quienes ya se encuentran en mora ni fija topes generales a las tasas de interés.
El oficialismo sostiene que imponer límites de esa naturaleza podría restringir el acceso al crédito y afectar el funcionamiento del sistema financiero. Su propuesta apunta, en cambio, a reforzar la información que reciben los consumidores antes de endeudarse y las obligaciones de las entidades al ofrecer financiamiento.
Ese enfoque fue respaldado en comisión por el PRO y buena parte de la UCR y permitió que el texto quedara formalmente como despacho de mayoría.
Emergencia por 180 días y refinanciación en el segundo dictamen
La principal propuesta opositora fue acordada por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica y declara una emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días, con posibilidad de una prórroga por otro período igual.
El proyecto crea un régimen de acogimiento voluntario para los deudores y obligatorio para los acreedores en determinados casos.
Entre sus principales condiciones contempla la condonación del 100% de los intereses punitorios, un período de gracia de 90 días y cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona alcanzada.
La refinanciación tendrá un plazo mínimo de 12 meses y las condiciones variarán según el monto de la deuda. Para las obligaciones alcanzadas por el régimen se establece además una tasa máxima vinculada a la TAMAR de bancos privados más 25 puntos porcentuales.
El esquema comprende deudas de consumo de hasta el equivalente a dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, verificadas al 31 de agosto de este año.
El texto también prevé suspender ejecuciones, embargos y nuevos reportes negativos durante la tramitación del régimen y establece límites para las tasas aplicables a tarjetas de crédito y préstamos personales.
Además, incorpora restricciones a las prácticas de cobranza y mayores exigencias para proveedores de servicios financieros no bancarios.
La tercera alternativa: una sola deuda y tasa máxima del 35%
Argentina Federal, a través de los diputados Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, firmó un tercer dictamen.
La iniciativa propone crear un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal que permita unificar distintas obligaciones en una sola operación.
Los créditos resultantes tendrían cuotas a tasa fija con un máximo del 35% nominal anual y estarían destinados a personas con ingresos fijos de hasta diez salarios mínimos.
El proyecto establece además que las emisoras de tarjetas y las entidades financieras no bancarias no podrán cobrar una tasa nominal anual superior a 1,5 veces la tasa ofrecida por los depósitos a plazo fijo a 30 días para personas humanas.
La propuesta plantea también un plazo mínimo de devolución de 24 meses y contempla la suspensión transitoria de determinadas ejecuciones mientras se instrumenta el mecanismo.
El antecedente de Córdoba
La discusión nacional tuvo una participación directa de legisladores cordobeses de Provincias Unidas.
A mediados de septiembre, Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, junto con diputados de otras provincias, presentaron un régimen de refinanciación de deudas familiares en mora inspirado en parte en experiencias provinciales.
Aquella iniciativa contemplaba créditos de hasta 60 meses y buscaba trasladar al ámbito nacional herramientas para reordenar pasivos familiares.
Finalmente, Provincias Unidas acordó con Unión por la Patria y la Coalición Cívica un dictamen conjunto más amplio, por lo que el proyecto cordobés quedó incorporado como antecedente de la negociación y no como el texto que llegará por sí solo al recinto.
En Córdoba, mientras tanto, ya está vigente el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, aprobado por la Legislatura a comienzos de septiembre.
El esquema provincial permite refinanciar préstamos personales, saldos de tarjetas y otras obligaciones de consumo mediante entidades adheridas, con una tasa nominal anual fija de hasta 35% y plazos de entre 24 y 48 cuotas.
La disputa se traslada al recinto
Con los dictámenes firmados, la discusión dejó las comisiones y podrá pasar al pleno de Diputados.
El dictamen oficialista tendrá prioridad parlamentaria por haber reunido la mayor cantidad de firmas, pero eso no garantiza su aprobación. Para que avance deberá obtener los votos necesarios en el recinto, donde la relación entre los bloques es diferente a la composición de las comisiones.
La oposición analiza impulsar el tratamiento en una sesión durante los primeros días de octubre y el 7 de octubre aparece como una de las fechas posibles, aunque hasta este martes por la noche no estaba formalmente confirmada.
Si el despacho de mayoría fuera rechazado, la Cámara podría pasar a considerar las propuestas alternativas.
Después de más de un mes de discusión, el Congreso llega así a una instancia decisiva con tres respuestas diferentes frente al mismo problema: una centrada en prevención y transparencia financiera y otras dos que incorporan mecanismos directos de refinanciación, límites a intereses y alivio para quienes ya acumulan deudas en mora.
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