La economía argentina registró en el segundo trimestre su primer tropiezo en dos años. El PBI se contrajo un 0,6% respecto del trimestre anterior en la medición desestacionalizada, la primera caída trimestral desde mediados de 2024. Es cierto que en la comparación interanual el producto todavía se expande un 2%, y que el primer semestre acumula un alza del 2,2%, pero la dinámica más reciente es inequívocamente de estancamiento.
Basta un dato para comprobarlo, ya que el nivel de actividad del segundo trimestre apenas supera en un 0,1% al del último trimestre de 2025. En los hechos, la economía dejó de crecer.
El origen de esa caída es tan claro como revelador, porque estuvo íntegramente en la demanda interna, mientras que el sector externo funcionó como amortiguador. La absorción doméstica se contrajo un 2,1% en el trimestre, con el consumo privado cayendo un 2,4%, el consumo público un 2,3% y la inversión un 0,9%.
En sentido contrario, las exportaciones avanzaron un 2,5% y las importaciones se redujeron un 3,5%, de modo que el saldo del comercio exterior compensó buena parte del ajuste. Esa es la razón por la cual el producto terminó cayendo bastante menos que el gasto interno, que fue el que efectivamente se desplomó.
Una mirada de más largo plazo ayuda a dimensionar dónde están las heridas de la economía. Si la comparación se traza contra comienzos de 2023, las exportaciones emergen como el gran motor, con un salto del 45% impulsado por el agro, la energía y la minería, mientras que el consumo privado logró recuperar lo perdido durante 2024 y quedó un 4,2% por encima de aquel nivel.
El componente más golpeado, en cambio, es la inversión, que se derrumbó cerca de un 25% en 2024, rebotó hacia mediados de 2025 y volvió a caer, de manera que hoy se ubica un 13,2% por debajo del registro de 2023. La debilidad de la inversión es especialmente preocupante, porque compromete la capacidad de crecimiento de los próximos años.
El freno del trimestre tiene, además, una consecuencia aritmética directa sobre el resultado del año. Si la actividad se mantuviera congelada en el nivel del segundo trimestre durante el resto de 2026, el crecimiento anual sería de apenas un 1,3%, que es el llamado arrastre estadístico.
Para alcanzar una proyección más ambiciosa, del orden del 2,2%, la economía debería crecer cerca de un 1,2% por trimestre en la segunda mitad del año, un ritmo muy superior al 0,4% promedio de los últimos seis meses. Y los primeros indicadores del tercer trimestre no anticipan ese cambio de tendencia.
En julio, la industria manufacturera cayó un 5% mensual y tocó su menor nivel desde junio de 2024, la construcción retrocedió un 4,6% y regresó a su piso de marzo, e incluso la minería y el petróleo, que crecen un 7,7% interanual y son uno de los grandes motores, encadenaron dos meses de caída.
Este cuadro obligó a corregir las proyecciones oficiales, aunque el resultado todavía luce optimista. El supuesto de crecimiento para 2026 incorporado en el proyecto de presupuesto se redujo del 5% al 3%, un número que sigue por encima tanto del arrastre estadístico como del consenso de los analistas.
Para 2027, el Gobierno proyecta una expansión del 4%, muy por encima del 2,9% que anticipa el relevamiento de expectativas del mercado, apoyada en una inversión que treparía un 9,2% tras caer este año y en un consumo privado que crecería un 3,4%. Es un escenario que exige condiciones de crédito y de confianza que por ahora no están dadas.
En materia de precios, en cambio, las estimaciones oficiales lucen más realistas. La inflación proyectada para 2026 se corrigió con fuerza al alza, del 10,1% al 29%, en línea con el consenso que la ubica en torno al 30%, mientras que para 2027 se prevé un 18%, algo por debajo del 20% que estima el mercado.
La contracara de ese sendero aparece en el frente cambiario, ya que el dólar pasaría de $1600 en diciembre de 2026 a $1847 un año después, una suba del 15,5% que se ubica por debajo de la inflación proyectada. En otras palabras, el escenario oficial supone una nueva apreciación real del peso en pleno año electoral.
El episodio del segundo trimestre es, en el fondo, la manifestación más nítida del trilema que enfrenta la política económica, integrado por la acumulación de reservas, la desinflación y el nivel de actividad. La misma estrategia que permite sostener la baja de la inflación, basada en tasas de interés elevadas y en un ancla cambiaria, es la que a la vez restringe el crecimiento.
El problema es que el costo de esa receta, medido en términos de actividad perdida, se vuelve cada vez más relevante frente a lo que aporta en materia de precios. La economía, en cierto modo, paga en crecimiento lo que gana en estabilidad.
El contexto internacional, lejos de aliviar ese dilema, lo agrava, y ese es el dato más determinante para lo que viene. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el rango del 3,75% al 4%, en su primera suba desde julio de 2023, en una decisión unánime de sus doce miembros. El movimiento respondió a una inflación que permanece por encima de la meta, con el índice de agosto en el 3,4% interanual, empujado por la nafta, y a un mercado laboral que sigue firme. Sus proyecciones anticipan una suba adicional antes de fin de año.
El endurecimiento, además, no se limita a los Estados Unidos, ya que el Banco Central Europeo y varios otros bancos centrales venían ajustando, y esta semana se sumó el Banco de Japón, que llevó su tasa al 1,25%, el mayor nivel desde 1995.
Ese giro global hacia condiciones monetarias más restrictivas, motivado tanto por las presiones inflacionarias como por la creciente preocupación sobre la sostenibilidad fiscal de las grandes economías, representa un desafío adicional para la Argentina. El aumento de las tasas internacionales encarece el costo del financiamiento externo y eleva el rendimiento que el país debería convalidar para volver a colocar deuda en los mercados.
En ese marco, una eventual emisión soberana enfrentaría condiciones mucho menos favorables, lo que la torna poco probable dada la decisión oficial de no aceptar tasas consideradas excesivas. En el plano local, mientras tanto, la autoridad monetaria amplió el cupo de títulos públicos que pueden tener los bancos, una medida técnica que busca facilitar la renovación de los abultados vencimientos en pesos que se avecinan.
El balance final deja una economía atrapada en una tensión difícil de resolver. Los logros del programa, como la desinflación y el orden de las cuentas, son genuinos e importantes, pero su sostenimiento tiene un precio en materia de actividad que ya empezó a hacerse visible en las estadísticas. La caída del segundo trimestre, el desplome de la inversión y un contexto internacional que encarece el crédito configuran un panorama que exige decisiones finas en los meses que vienen.
La apuesta oficial es que la actividad repunte en la segunda mitad del año y valide las proyecciones, pero los datos disponibles hasta ahora invitan, más bien, a la cautela. El desafío de convertir la estabilidad en crecimiento sigue, por ahora, sin resolverse.
