La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propuso que el 5 % de los aportes derivados de la actividad minera en República Dominicana cuente con un mecanismo trazable y verificable dentro de una modernización de la Ley Minera 146-71, con el argumento de que los recursos que las empresas entregan al Estado no se reflejan en las comunidades donde se extraen los minerales.
La iniciativa incorpora un modelo de gobernanza para ese porcentaje basado en planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y vigilancia ciudadana. El objetivo, según la propuesta, es impedir que esos fondos queden absorbidos por gasto corriente o decisiones discrecionales y dirigirlos a proyectos estructurales que mejoren la calidad de vida y la competitividad de los territorios mineros.
Según Listín Diario, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana sostiene que la industria cumple con los aportes que le corresponden, pero que ese flujo de recursos no se traduce en mejoras visibles en las zonas mineras. La organización plantea por eso que el dinero deje resultados concretos en infraestructura, formación técnica y profesional, y acceso a salud dentro de las provincias donde opera el sector.
Desde 2016, el país aplica el Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre los ingresos procedentes de la minería y los hidrocarburos. Pedro Esteva, presidente del consejo de directores de Camipe, explicó que ese esquema funciona como un acuerdo entre productores y Gobierno para auditar tanto lo que las empresas pagan en impuestos según la ley o los contratos como lo que el Estado declara haber recibido.
Esteva afirmó durante una visita al director de Listín Diario a comienzos de junio que existen alrededor de cuatro auditorías que confirman la recepción de esos recursos por parte del Gobierno. “El problema es que no va a la comunidad; entonces, se le mete la presión a la minera”, dijo.
El directivo agregó que cada empresa desarrolla programas sociales adicionales a los aportes tributarios que reporta. También sostuvo que la infraestructura de las provincias mineras ha quedado bajo administración del Gobierno central, pero sin que una parte importante de ese dinero se dedique al desarrollo de esos territorios.
La respuesta directa que plantea la entidad es esta: el 5 % debe contar con una herramienta que permita seguir su recorrido y comprobar su aplicación final en las comunidades mineras. Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, dijo al medio que ese instrumento deberá ser definido por el Gobierno y, cuando corresponda, por el Congreso, con la intención de dar credibilidad tanto al Estado como a las empresas.
“Nosotros proponemos que el 5 % tiene que tener una herramienta o un mecanismo en el que pueda ser, no solamente aplicable, sino verificable y trazable”, afirmó Valerio. Añadió que las empresas también deben participar en la discusión sobre el uso de esos recursos y en la definición de cómo mejorar esas localidades para las generaciones futuras.
La reforma de la ley incluye siete ejes y una revisión del papel del Estado sobre el subsuelo
La propuesta de actualización no se limita al destino de ese porcentaje. La Cámara identificó otros aspectos para reformar en la normativa de 1971, entre ellos un mayor alineamiento con la Constitución dominicana, que establece que el Estado es dueño del subsuelo, además de siete ejes que, a juicio del sector, permitirían construir una ley más aplicable.
Valerio resumió esa visión con una definición operativa de la reforma: “Una ley mejor no es precisamente la que tenga más artículos o la que ponga palabras más de este tiempo, sino la que mejor se pueda aplicar”. La asociación está compuesta por 44 empresas del sector minero y petrolero.
Entre los ejes mencionados figuran la identificación clara de los objetivos y del objeto de la ley desde el inicio para reducir la discrecionalidad, la delimitación de funciones de los organismos vinculados al área, la protección del medio ambiente y la prevalencia de los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Para la cámara, esos elementos deben beneficiar no solo a las compañías, sino también al Estado, a las comunidades y a la fiscalización ambiental.
“Se supone que cuando hay seguridad jurídica beneficia a todos: a las empresas, porque te da certeza en lo que tú estás haciendo; al Estado, porque lo hace más fuerte y a la comunidad, porque sabe a qué atenerse; y al mismo medio ambiente, de hecho, porque sabe quién lo fiscaliza”, sostuvo Valerio.
