La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió este jueves a sus países miembros coordinar una respuesta frente al régimen de Nicaragua después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueara la participación de sectores opositores en las próximas elecciones, una decisión que, según el secretario general del organismo, Albert Ramdin, amenaza con convertir el sistema político del país centroamericano en uno sin competencia electoral efectiva.
Ramdin sostuvo que los gobiernos del continente deberían analizar una estrategia conjunta para aumentar la presión sobre Managua y abrir eventualmente una vía de diálogo.
“Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable”, afirmó el secretario general de la OEA al referirse a las recientes decisiones adoptadas por el régimen sandinista.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó la semana pasada una disposición que impide competir en los comicios a personas consideradas “traidores a la patria”. La medida afecta directamente a sectores opositores y modifica las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las próximas elecciones.
Ante este escenario, la OEA decidió recurrir a un mecanismo diplomático de carácter extraordinario: una reunión de consulta de cancilleres. Ramdin explicó que el encuentro podría realizarse después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre, y expresó su intención de concretarlo cuanto antes.
“Espero que podamos celebrar esta reunión lo antes posible, ojalá poco después de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló.
El secretario general planteó que los gobiernos podrían acordar un paquete de acciones para incrementar el costo internacional de las decisiones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La OEA, sin embargo, no cuenta con facultades para imponer directamente sanciones económicas: cualquier medida de ese tipo debe ser adoptada y ejecutada por los Estados de manera individual.
La propuesta busca combinar esa presión con una eventual instancia de negociación. Ramdin planteó la posibilidad de que un grupo de países asuma un papel de interlocutor, aunque aclaró que todavía no existe una definición sobre quién podría encabezar ese proceso.
Nicaragua se retiró formalmente de la OEA en noviembre de 2023, después de años de enfrentamiento con el organismo. La relación se deterioró especialmente tras las protestas de 2018, cuya represión dejó al menos 300 muertos según Naciones Unidas.
Estados Unidos ya incrementó durante este año las sanciones dirigidas contra integrantes de la cúpula gobernante nicaragüense, instituciones estatales y sectores considerados estratégicos. Tras la decisión sobre las elecciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió terminar con las relaciones habituales con el régimen de Managua.
La OEA busca reincorporar a Venezuela
Ramdin también se refirió a Venezuela y sostuvo que el país debería designar un representante permanente ante la organización. Aunque Caracas dejó de ocupar su asiento, jurídicamente continúa siendo miembro de la OEA.
El proceso de salida comenzó en 2017, pero no llegó a completarse debido a las disputas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y a la crisis política que derivó en el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino en 2019.
“No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro. Es su elección. Es su decisión”, explicó Ramdin.
El funcionario afirmó que el organismo está dispuesto a colaborar con Venezuela en su proceso de transición política y en la organización de elecciones, pero señaló que necesita una contraparte oficial para poder hacerlo.
“Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar”, declaró.
Haití y los vínculos entre política y crimen
Sobre Haití, Ramdin alertó por la posible relación entre dirigentes políticos y organizaciones armadas, en un país donde la violencia continúa condicionando la preparación de las elecciones.
“Hay cierto grado de connivencia entre el ámbito político y las bandas. Y lo digo tal y como es porque todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello”, afirmó.
El secretario general dijo que durante su visita a Haití en agosto planteó la necesidad de establecer criterios que impidan competir a candidatos vinculados con estructuras criminales. La inseguridad, señaló, constituye el principal obstáculo para celebrar unos comicios creíbles.
El calendario electoral contempla la primera vuelta presidencial y legislativa para el 13 de diciembre de 2026 y una segunda ronda el 21 de febrero de 2027. Naciones Unidas contabilizó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos por la violencia durante los primeros seis meses del año.
Ramdin también cuestionó la capacidad de la fuerza internacional destinada a combatir a las pandillas y reclamó mayor respaldo de los países que se comprometieron a contribuir con esa misión.
“Las elecciones dependen de un buen entorno de seguridad”, afirmó.
