Cuando a finales de 1945 los Aliados eligieron a Núremberg como sede para el tribunal internacional que debía juzgar a los criminales de guerra nazis, lo hicieron por razones logísticas, pero también por otras de enorme potencia simbólica. En cuanto a las primeras, se debió a que esa ciudad del norte de Baviera casi no había sufrido daños en los bombardeos, tenía el Palacio de Justicia intacto para albergar las sesiones que, además, estaba conectado directamente con una prisión adyacente que permitía retener a los principales jerarcas nazis encarcelados bajo estrictas medidas de seguridad. Las simbólicas eran tanto o más importantes, porque allí, una década antes, el 15 de septiembre de 1935, el régimen nazi había dictado las normas legales que despojaron de la ciudadanía a los judíos y abrieron el camino hacia el Holocausto: la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán, más conocidas como las Leyes de Núremberg.
La discriminación de la población judía de Alemania era un antiguo objetivo de los nazis, incluido en uno de los 25 puntos del programa fundacional del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) en 1921. Decía expresamente: “No puede ser ciudadano, sino quien posee la cualidad de miembro de la comunidad nacional. No puede serlo sino quien tiene sangre alemana, cualquiera que sea su Confesión. Ningún judío, consecuentemente, podrá ser miembro de la comunidad nacional”.
Con la llegada de Adolf Hitler al poder, lo que era letra de un programa pasó paulatinamente a convertirse en hechos concretos. En abril de 1933 se prohibió a los judíos trabajar en el servicio civil, ejercer profesiones como el derecho y la medicina, y dictar clases en las universidades. En julio de ese mismo año se aprobó una legislación que quitaba a los alemanes judíos naturalizados su ciudadanía, lo que creó una base legal para deportar a los inmigrantes judíos recientes, sobre todo de Europa del Este. Poco después se quitó a los negocios judíos el acceso a los mercados, se les prohibió anunciarse en los periódicos y se les vetó el acceso a los contratos gubernamentales.
Todo esto ocurría en medio de una ola de violencia que tenía como principales protagonistas a los hombres de las Sturmabteilung (SA), la organización paramilitar del partido nazi. Para principios de 1935 los asaltos, el vandalismo y el boicot a los judíos eran hechos cotidianos, apuntalados por una fuerte campaña de propaganda autorizada desde los más altos niveles del gobierno. En ese contexto, el 25 de julio, el ministro del Interior Wilhelm Frick anunció que pronto se promulgaría una ley que prohibiría el matrimonio entre judíos y no judíos, y recomendó a los funcionarios del registro civil no emitir licencias para esas uniones. Ese anuncio fue el preludio de las Leyes de Núremberg.
Una sesión única
Hitler dio el siguiente paso durante el séptimo congreso del Partido Nazi, que se realizó en Núremberg entre el 10 y el 16 de septiembre. El tercer día del encuentro, el médico nazi Gerrad Wagner pronunció un fuerte discurso antijudío donde anunció que el gobierno pronto dictaría una “ley para la protección de la sangre alemana”. Era lo que Hitler esperaba para avanzar y al día siguiente convocó una sesión del Reichstag para el 15 de septiembre en Núremberg, que sería la única que se realizó fuera de Berlín durante los doce años de existencia del régimen nazi.
El mismo día que hizo la convocatoria instruyó al secretario de Estado en el Ministerio del Interior del Reich, Hans Pfundtner, y al consejero ministerial Wilhelm Stuckart para que le prepararan el borrador de una ley que prohibiera las relaciones sexuales y los matrimonios entre judíos y no judíos. Los dos funcionarios trabajaron contrarreloj, con la ayuda del Franz Albrecht Medicus y Bernhard Lösener, para prepararlo. Estaban en eso el 14 de septiembre cuando Hitler les encomendó una tarea más: la redacción de otra ley, la de ciudadanía del Reich.
Esa misma tarde le presentaron dos borradores que Hitler rechazó porque le parecieron demasiado blandos con los judíos y les pidió nuevas versiones para esa misma noche, porque al día siguiente se realizaría la sesión del Reichstag y quería que las leyes fueran aprobadas allí. A medianoche le llevaron otros cuatro borradores, con penas mucho más severas y el líder nazi eligió dos de ellas. Al terminar la reunión, ya entrada la madrugada del 15 de septiembre, les dijo a sus colaboradores que esas leyes serían “un intento de solución jurídica de un problema que, si fracasa, debería ser confiado por ley al Partido Nacionalsocialista para una solución definitiva”. En otras palabras, con un barniz de legalidad o sin él, la eliminación de la población judía era inevitable.
Las Leyes de Núremberg
Las dos Leyes de Núremberg fueron aprobadas por unanimidad por el Reichstag el 15 de septiembre de 1935. La de Ciudadanía del Reich declaró que sólo los alemanes y los que tuvieran una sangre relacionada podían ser ciudadanos alemanes; los demás fueron clasificados como sujetos del Estado, sin derechos de ciudadano. La Ley para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán prohibía los matrimonios y las relaciones extramaritales entre judíos y alemanes, y además prohibió el empleo de mujeres alemanas menores de 45 años en hogares judíos.
El fundamento de la segunda ley pone en blanco sobre negro el racismo nazi: “Movido por el entendimiento de que la pureza de la sangre alemana es la condición esencial para la existencia continua del pueblo alemán, e inspirado por la inflexible determinación de asegurar la existencia de la nación alemana para siempre, el Reichstag ha adoptado por unanimidad la siguiente ley”, dice. La norma también fijaba penas de prisión y trabajos forzados para quienes violaran la prohibición del matrimonio entre judíos y alemanes o la de las relaciones. Un anticipo de los campos de concentración.
Los ataques no se detuvieron allí. Durante los años siguientes se promulgaron trece leyes complementarias que marginalizaron aún más a la comunidad judía en Alemania, entre ellas las prohibiciones a las familias judías a presentar solicitudes de subsidios para familias numerosas y de realizar transacciones comerciales con los arios.
De Madagascar al Holocausto
Por imperio de esas leyes y de las persecuciones cotidianas, para 1938 la población judía de Alemania se había reducido de 520.000 a 350.000 personas en apenas cinco años. El 12 de noviembre de ese año, Hermann Göring entró al despacho de Adolf Hitler con una carpeta bajo el brazo. El plan que le presentó al führer era tan simple como delirante: confinar a todos los judíos en Madagascar, una isla del Océano Índico, frente a las costas de África.
El proyecto era por entonces impracticable, pero el comienzo de la guerra cambió todo. Esta vez no fue Göring quien volvió a poner el plan sobre la mesa sino Franz Rademacher, diplomático en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y nazi ferviente. Se lo presentó a Hitler el 3 de junio de 1940, cuando París aún no había caído. “La victoria se acerca y Alemania debería hacer posible —en mi opinión tendría que ser un deber— que todos los judíos se marchasen fuera de Europa”, decía Rademacher en la introducción al plan. Hitler lo compró y el 18 de junio de 1940, durante una conferencia para discutir el destino de la Francia derrotada, el líder nazi y su ministro de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, informaron a Benito Mussolini y a su canciller, el conde Ciano, del nuevo Plan Madagascar. Para entonces, Hitler había desechado un plan alternativo que le había presentado Adolf Eichmann, que pretendía confinarlos en Palestina.
El Plan Madagascar calculaba en cuatro millones la cantidad de judíos provenientes de Europa que vivirían desterrados en la isla. Se los despojaría de su nacionalidad y, si bien podrían organizar su propio gobierno local, estarían bajo la supervisión de la autoridad militar alemana. Pero transportar millones de judíos desde Europa hasta la isla se mostró pronto como una tarea imposible. En el plan original se planteaba que el transporte se realizaría con buques de la Armada británica, dando por sentado que tarde o temprano, Alemania vencería a Inglaterra y tomaría posesión también de sus barcos.
Por otro lado, el bloqueo naval de los ingleses dejó a los alemanes sin rutas marítimas. Y, pese a que Francia se había rendido, el gobierno títere de Vichy nunca firmó el acuerdo de ceder la colonia de Madagascar como pretendían los alemanes. El Plan Madagascar, ese gueto monumental que tan grandioso le había parecido a Hitler, se derrumbó antes de empezar a aplicarse.
Con el proyecto del gran gueto africano desechado por impracticable, los nazis volvieron a poner la mirada en los campos de concentración de los países ocupados de Europa del Este, principalmente Polonia. Pero ya estaban superpoblados y las nuevas oleadas de detenidos amenazaban con hacerlos colapsar. Los convirtieron entonces en centros de exterminio, con la implementación de fusilamientos masivos, cámaras de gas y crematorios para procesar los cuerpos de las víctimas. La tarea de planificar y conducir el genocidio recayó en Adolf Eichmann, el mismo hombre que se había opuesto al Plan Madagascar y propuesto crear un gueto gigante en Palestina, lo que le había valido el rechazo de Hitler. La “solución final al problema judío”, como se la llamó, fue para Eichmann una especie de revancha por aquella derrota.
Para entonces, las Leyes de Núremberg regían solo en su letra, porque las ejecuciones y las muertes en los campos de concentración las habían vuelto innecesarias. Sin embargo, si se repasa la historia, fueron el punto de partida “legal” para el Holocausto y por eso luego de la derrota alemana los Aliados eligieron realizar los juicios en la ciudad donde todo había comenzado.
