El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que mandó el gobierno al Congreso profundiza y mejora la Ley 26.659, imponiendo sanciones y penalidades, pero creo que se podría mejorar mucho más, teniendo en cuenta algunas cuestiones.
Por un lado, deja abierto el tema incluyendo, más allá de los hidrocarburos, a los distintos recursos renovables y no renovables como en la pesca y en el turismo, (lo cual es positivo); pero lo esgrime de una manera tangencial y abierta a interpretaciones, por lo que creo que debería expresar las sanciones y penalidades de manera taxativa para que no queden dudas al momento de aplicar la Ley. Respecto de la pesca está más claro, pero al turismo, no.
Aunque este proyecto avanza, debería ser más tajante y dejar bien en claro cuáles son los enemigos o las amenazas de las Fuerzas Armadas.
Para ampliar el contexto, vale recordar que la exministra Nilda Garré salía por decreto a limitar las acciones de las Fuerzas Armadas solo a ejércitos regulares de terceros países.
En el gobierno de Mauricio Macri, cuando me desempeñé como ministro de Defensa, dejamos por fuera esa pobre consigna de Garré y lo ampliamos exponencialmente. Pero en la gestión de Alberto Fernández se retrocedió, volviendo Agustín Rossi a un decreto de regulación e interpretación.
Es por esto que recalco la necesidad de que la nueva ley contenga las consignas necesarias expresamente claras. Por ejemplo, si nos atacara Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, entre otros, que no son ejércitos regulares de terceros países, pero que cuentan con misiles, radares y tanques. Según Nilda Garré y el kirchnerismo en general, deberíamos defendernos con el policía de la esquina.
Veo positiva la posibilidad en este proyecto del Gobierno, de que las Fuerzas Armadas puedan custodiar objetivos estratégicos, ya que así se liberarían las fuerzas de seguridad para que atiendan los asuntos en el conurbano, Rosario o donde eventualmente se haga necesario.
También la creación del Consejo de Seguridad Nacional me parece bien. Tenemos que avanzar en la integración del trabajo conjunto, uniendo los esfuerzos entre la ciberdefensa, la seguridad y la inteligencia, todo en un solo conjunto; porque las amenazas son complejas, por lo que nuestras respuestas deben contener el mismo o mejor grado de complejidad para poder ser efectivos.
Recuerdo que cuando en 1982 fuimos a Malvinas, cada Fuerza (Armada, Ejército y Fuerza Aérea) hizo su propia guerra porque en aquel entonces no estuvo contemplado el trabajo conjunto. Por eso la creación de este Consejo de Seguridad Nacional dejaría solucionada una falencia.
Por último, creo importante mencionar que el Gobierno introduce en el proyecto enviado al Congreso algunos artículos que podrían generar susceptibilidades o conflictos con el Reino Unido y las Naciones Unidas, como el Protocolo de Intercepción Marítima y Aérea, ya que roza una línea muy delgada y que puede interpretarse como hostilidad o pretensión de generar conflictos militares o bélicos.
Para evitar estas interpretaciones ambiguas o laxas, el proyecto debería ser mucho más claro, taxativo en su redacción.
De todas maneras, aspiro a que se generen debates interesantes en ambas cámaras y ojalá dichos debates sirvan para mejorar el proyecto y no para trabar ni obstaculizar.
(*) Julio César Martínez es ingeniero y fue ministro de Defensa de 2015 a 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
