La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Martín Antonio Báez contra la ejecución del decomiso de algunas de sus propiedades, como parte de su condena en la causa Ruta del Dinero.
De este modo, la defensa pública solo podrá acudir en queja ante la Corte Suprema de la Nación si quiere lograr que la Justicia revise una resolución del Tribunal Oral Federal 4 que le impuso una multa de USD 274.364.333,45 —o su equivalente en pesos al momento del pago—.
Por mayoría, con los votos de Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, el tribunal consideró que no se acreditó una cuestión federal ni defectos graves que invalidaran lo resuelto.
En tanto, el camarista Mariano Borinsky sostuvo, en disidencia parcial, que correspondía habilitar la instancia extraordinaria en relación con los bienes adquiridos antes de los hechos investigados o cuya fecha de compra no estaba determinada.
Martín Báez está excarcelado desde 2023, luego de haber cumplido más de dos tercios de su pena de 6 años y 6 meses. Sin embargo, siguen vigentes las consecuencias patrimoniales de la sentencia.
Los votos
Los jueces Carbajo y Hornos concluyeron que el recurso se apoyaba en discrepancias de criterio sobre el alcance y la procedencia de la ejecución del decomiso.
Según su parecer, esos planteos no demostraban arbitrariedad ni una relación directa e inmediata entre el conflicto y las normas federales alegadas.
Por su parte, Borinsky consideró que el requerimiento de la defensa involucraba una posible vulneración del principio de legalidad, el derecho de propiedad y el debido proceso, protegidos por los artículos 17, 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
El magistrado recordó que había objetado que el tribunal de ejecución avanzara con el decomiso sin responder de manera adecuada a los argumentos sobre las propiedades que fueron registradas a nombre de Martín Báez fuera del plazo que formó parte de la pesquisa.
La causa
En Ruta del Dinero, la Justicia investigó maniobras de lavado de activos por alrededor de USD 55 millones, atribuidas a una estructura liderada por Lázaro Báez e integrada por familiares, empresas y financistas.
La operatoria incluyó transferencias internacionales, sociedades offshore, cuentas en Suiza y Bahamas y la adquisición de bienes.
Martín Báez, el hijo mayor del empresario, fue condenado en el juicio oral de 2021 a nueve años de prisión. Luego, la Cámara Federal de Casación redujo la pena a seis años y seis meses.
De acuerdo con la sentencia, estuvo vinculado con operaciones fraudulentas realizadas entre diciembre de 2010 y abril de 2013.
La causa tuvo un impulso resonante cuando se difundieron los videos donde aparece Martín Báez contando dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en Puerto Madero.
En esas imágenes se lo ve junto al contador Daniel Pérez Gadín y el apoderado de SGI, Fabián Rossi. Pérez Gadín aparece sirviendo whisky y brindando con Martín Báez, mientras otras personas cuentan los billetes, que eran separados en fajos más pequeños para evitar que las máquinas se trabaran.
