La concejal de Bogotá Cristina Calderón Restrepo, del Nuevo Liberalismo, alertó sobre una caída de entre 40% y 50% en las ventas mayoristas de San Victorino y advirtió que la situación pone en riesgo una cadena comercial que agrupa a 25.000 empresarios y sostiene 23.800 empleos directos e indirectos.
La cabildante atribuyó el descenso a la competencia de plataformas asiáticas, las ventas informales y las cargas que enfrentan los negocios formales. La denuncia fue presentada en septiembre de 2026, a las puertas de los cuatro meses que concentran buena parte de las ventas del sector.
Amor y Amistad, las compras mayoristas de octubre, Black Friday, Cyberlunes y diciembre son las temporadas en las que comerciantes y talleres buscan recuperar ingresos y equilibrar sus cuentas.
De acuerdo con la cabildante, San Victorino reúne 54 centros comerciales, 17 manzanas y cerca de 90.000 visitantes diarios. La reducción de pedidos, advirtió Calderón, no solo afecta a los locales de venta de ropa y mercancías, también a confeccionistas, talleres familiares, empresas satélite y pequeños proveedores.
Plataformas asiáticas y presión sobre las ventas mayoristas
Calderón indicó que el crecimiento del comercio electrónico ha modificado los hábitos de compra de consumidores y comerciantes. De acuerdo con la información presentada por su despacho, las transacciones por comercio en línea crecieron 19,9% y superaron los 684 millones de operaciones.
La concejal afirmó que plataformas como Shein y Temu han ganado espacio al ofrecer productos adquiridos directamente desde Asia. Conforme con la denuncia, esa dinámica ha reducido los pedidos de mercancía a distribuidores nacionales y ha afectado la demanda que antes recibían comerciantes de San Victorino.
“San Victorino está en jaque. Miles de familias que viven de una cadena económica hoy está siendo golpeada por todos los frentes: plataformas asiáticas, vendedores informales y cargas del comercio formal”, afirmó Calderón.
Iván Lozano, comerciante del sector, relató que redujo la cantidad de locales que operaba. “Tenía tres locales de venta de ropa, ahora solo tengo uno. Hace cuatro años todo empezó a bajar y las ventas no fueron sostenibles”, señaló.
Leidy Betancourt, gerente de Aso San Victorino, sostuvo que la reducción de pedidos tiene consecuencias sobre productores y trabajadores vinculados con la confección. “El bajón en las ventas por las plataformas asiáticas y la competencia desleal nos está matando”, afirmó.
Betancourt añadió que diariamente ingresan al país 600 toneladas de paqueteo de distintos productos. La dirigente vinculó ese volumen con la presión que, según afirmó, soportan los comercios de Bogotá frente a mercancías adquiridas mediante plataformas internacionales.
Costos del comercio formal y ventas informales
La cabildante explicó que los comerciantes formales asumen costos asociados con renta, impuesto al valor agregado, aranceles y nómina legal. Según los datos entregados en la denuncia, esos conceptos pueden representar cerca de 35% de las cargas que enfrentan los negocios.
A estos gastos se agregan los costos de arrendamiento de los locales. Calderón sostuvo que esa estructura de obligaciones genera una diferencia frente a mercancías que, según planteó, ingresan al país bajo condiciones distintas.
“No podemos exigirle al comerciante colombiano que compita con todas las cargas tributarias y laborales mientras enfrenta mercancía que entra al país bajo condiciones diferentes”, afirmó la concejal. “Si queremos defender el empleo nacional, necesitamos reglas de juego equilibradas”.
Angélica Daza, comerciante del sector químico, aseguró que su empresa pasó de tener 15 trabajadores a contar con 11. “Las plataformas han afectado el cien por ciento del comercio y las ventas informales se han convertido en un caos”, manifestó.
La denuncia incluye preocupaciones por la ocupación de zonas peatonales y por cobros irregulares asociados con el control de espacios de alta circulación. Comerciantes señalaron que, en algunos puntos, se exigirían pagos de hasta $2 millones mensuales por pequeños segmentos de andén.
En otros sectores de Bogotá, de acuerdo con la información divulgada por el despacho de Calderón, se han mencionado cobros que van desde $40 mil hasta $5 millones. La concejal pidió que las autoridades determinen las responsabilidades y eviten que el espacio público sea utilizado para obtener beneficios privados.
Operativos y recuperación del espacio público
Durante 2026 se han realizado 29 operativos en el área señalada por la denuncia. En esas acciones fueron incautadas 14 toneladas de estructuras y mercancía, mientras se recuperaron 2.500 metros cuadrados de espacio público.
“Ninguna organización puede apropiarse de zonas que pertenecen a todos los bogotanos y convertirlas en un negocio privado”, afirmó Calderón Restrepo. La cabildante señaló que las estrategias de seguridad y control deben proteger al comerciante formal y a los ciudadanos que transitan por el sector.
La reducción de las ventas mayoristas puede trasladarse a talleres de confección, empresas satélite y pequeños productores, según la denuncia. Estos actores dependen de los encargos de ropa, accesorios y otros artículos que se comercializan desde San Victorino hacia diferentes regiones del país.
Juan Carlos Mariño, administrador del Centro Comercial Punto Once, señaló que el sector espera una recuperación durante el cierre del año. “Las ventas han disminuido cerca de un 40%, la economía formal se está viendo muy golpeada”, comentó.
El administrador indicó que diciembre será una de las temporadas que definirá la situación financiera de los negocios. “Esperamos tener una temporada de fin de año mucho mejor, para cuadrar caja de todos los comerciantes del sector”, agregó.
