Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, quedó captado en una cámara de seguridad cuando realizaba una videollamada que se convirtió en el detalle clave para lograr su judicialización - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, uno de los criminales más temidos en Barranquilla, y conocido con el alias de Negro Ober.

El procesado es señalado como cabecilla de la estructura delincuencial Los Costeños, por su presunta participación en una serie de extorsiones a comerciantes, tenderos, vendedores informales y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento de Atlántico.

De acuerdo con la investigación y los detalles que se revelaron por parte del fiscal del caso durante la audiencia virtual, “Negro Ober” habría continuado coordinando exigencias económicas desde los centros penitenciarios donde ha permanecido recluido entre 2025 y 2026.

La Fiscalía indicó que las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que, al parecer, el procesado realizaba directamente las amenazas y los cobros.

Dentro de los hallazgos, el ente acusador vinculó además a siete presuntos integrantes de Los Costeños, quienes habrían cumplido tareas para facilitar las comunicaciones con las víctimas, ejercer intimidación y recaudar el dinero exigido.

Por todo lo anterior, la Fiscalía precisó que un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentara cargos de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada procesado.

Además de Martínez Gutiérrez, Javier Eduardo González Lizcano y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron imputados por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

Los otros cinco señalados fueron procesados por extorsión agravada.

Un comerciante habría sido retenido en Soledad y llevado a Galapa

Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025 en Soledad. Según la Fiscalía, un comerciante fue abordado cuando guardaba su vehículo cerca de un establecimiento de billar.

La víctima habría sido retenida bajo amenaza con armas de fuego y trasladada al sector conocido como Round Point, en Galapa. Allí, de acuerdo con el expediente, fue obligada a participar en una videollamada con alias Negro Ober, tal y como se observa en la grabación que hace parte del acervo probatorio:

Durante esa comunicación, el señalado cabecilla le habría exigido 10 millones de pesos a cambio de devolverle el automóvil y permitirle continuar con su actividad comercial.

El 14 de julio de 2025, el comerciante fue contactado otra vez por teléfono y retenido una vez más. En esa oportunidad, los responsables le habrían impuesto una segunda exigencia económica por 13 millones de pesos.

El fiscal señaló en medio de la diligencia judicial que este caso hace parte de un conjunto de hechos que permitieron establecer el presunto funcionamiento de una red encargada de ejecutar cobros extorsivos en varios municipios del área metropolitana de Barranquilla.

Seis personas fueron capturadas en una operación con la Policía

La acción judicial se desarrolló de manera conjunta con la Policía Nacional, y en el operativo fueron capturados:

  • Javier Eduardo González Lizcano.
  • Jesús David Pérez Montes.
  • Linda Dayana Orozco Ochoa.
  • Yuleidis María Payares Henao.
  • Wendy Johanna Jiménez Sarmiento.
  • Cristian José Nieto Oyola.
Además de alias Negro Ober fueron detenidas seis personas - crédito Fiscalía

Por su parte, Martínez Gutiérrez y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron notificados de la nueva investigación en los establecimientos carcelarios donde permanecen privados de la libertad.

El ente acusador les atribuyó a los investigados funciones distintas dentro de la estructura.

Según la hipótesis que explicó el fiscal delegado, algunos habrían facilitado las llamadas extorsivas, mientras otros presuntamente se encargaban de amedrentar a las personas afectadas o de recibir el dinero.

La Fiscalía sostuvo en la audiencia que dentro de las acciones que indagaron afectaron a comerciantes, propietarios de tiendas, vendedores informales y residentes en las zonas ya mencionadas, las exigencias económicas habrían sido acompañadas de mensajes intimidatorios y amenazas directas.