Un ciudadano argentino, requerido por la Justicia paraguaya desde 2013 y con alerta roja internacional, fue detenido en Miramar. La investigación de la Policía Federal Argentina permitió localizar a Christian Dobal Mendoza, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para una eventual extradición.
Según el medio 0223, el detenido era buscado en el ámbito nacional e internacional por una causa que incluye las imputaciones de hurto agravado y homicidio doloso. La captura se produjo luego de varios días de tareas de campo realizadas por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF).
El operativo comenzó con el análisis de datos sobre la posible presencia del sospechoso en Miramar, donde habría mantenido una rutina laboral y social alejada de Paraguay, país del que se había retirado tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria.
A partir de esa información, los efectivos federales desplegaron vigilancia fija, seguimientos encubiertos y tareas de inteligencia para determinar dónde residía y cuáles eran sus desplazamientos habituales. Una vez que los investigadores corroboraron que el hombre se encontraba en la localidad, definieron el momento de la intervención.
Las autoridades policiales indicaron que se aguardó una oportunidad adecuada para ejecutar la orden conforme a las normas procesales. El arresto se concretó sin incidentes y, luego del procedimiento, se dio aviso al magistrado que interviene en el expediente. Después de la detención, Dobal Mendoza fue trasladado a la sede de la Policía Federal en Mar del Plata, donde permanece alojado a disposición de la Justicia argentina.
La causa que motivó el requerimiento internacional se remonta al 10 de noviembre de 2013. La investigación judicial paraguaya lo vincula con el asesinato de Lializ Alexandra Velázquez, una estudiante de 22 años que se encontraba junto a dos amigos en Ñemby, en el departamento Central.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, Velázquez y sus acompañantes esperaban un colectivo en el Acceso Sur, a la altura del kilómetro 17, cuando fueron abordados por un grupo que se movilizaba en motocicletas. Durante el episodio, uno de los jóvenes recibió un disparo que le provocó la muerte.
La secuencia fue investigada como un robo con resultado fatal. El grupo habría sustraído el teléfono celular de uno de los testigos, mientras que la víctima murió a raíz de la agresión armada. En el proceso judicial que se desarrolló posteriormente en Paraguay, otros acusados recibieron condenas por su participación en el hecho.
El Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora resolvió imponer una pena de 20 años de prisión a Juan José Barrios y sentenció, por su parte, a Jorge Benítez a cumplir una condena de 15 años de prisión. Las sentencias dictadas por el tribunal determinaron que Barrios ocupó el rol de coautor y que Benítez fue considerado como cómplice en el robo que provocó la muerte de la joven.
En el caso de Dobal Mendoza, la causa siguió un recorrido distinto. Había sido detenido inicialmente, pero luego accedió al arresto domiciliario. Según la reconstrucción judicial, aprovechó esa situación para abandonar Paraguay y mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante más de una década.
La alerta roja que pesaba sobre el detenido implica una solicitud de localización y arresto provisorio con fines de extradición. Ese mecanismo permite que las fuerzas de seguridad de distintos países identifiquen a personas requeridas por tribunales extranjeros y adopten medidas para ponerlas a disposición de la Justicia.
Las autoridades deberán analizar la documentación remitida por Paraguay y avanzar con los pasos previstos por los acuerdos de cooperación internacional y la legislación argentina para definir la entrega del acusado. Mientras tanto, Dobal Mendoza continuará bajo custodia en Mar del Plata.
